El Presidente Andrés Manuel López Obrador logró una abrumadora victoria el año pasado con el mensaje de que eliminaría sobornos y corrupción en el Gobierno, pero se ha enfocado en empresas e inversiones extranjeras y no en el Gobierno saliente [de Enrique Peña Nieto], dice hoy un reportaje de Houston Chronicle.
El trabajo periodístico cuestiona por qué el nuevo Gobierno no ha ido específicamente por César Duarte, ex Gobernador de Chihuahua, y por Emilio Lozoya, ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), ambos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los dos acusados de corrupción.
“Cuatro meses después de su administración, López Obrador ha enfocado su campaña anticorrupción en compañías internacionales e inversiones, mientras evita acciones contra actos de corrupción ampliamente reconocidos en la administración anterior. Ha citado preocupaciones sobre la corrupción al posponer las subastas para el desarrollo de petróleo y gas, por ejemplo, pero aún tiene que actuar contra el ex Gobernador [CésarDuarte, de Chihuahua] acusado de canalizar millones de dólares de fondos de campaña a una cuenta bancaria de los Estados Unidos para su uso personal”, señala el reportaje firmado por Emily Pickrell.
“Todo esto se suma a la ansiedad de las empresas estadounidenses y otras compañías internacionales, que se han preocupado por el futuro de sus inversiones bajo un nacionalista que ha descrito las políticas neoliberales orientadas al mercado como un ‘sinónimo de corrupción, por robo’. Compañías de energía y otros inversionistas –que han comprometido más de 160 mil millones dólares para el desarrollo del petróleo y el gas– están particularmente preocupadas de que los gritos de corrupción puedan proporcionar el pretexto para socavar las políticas que abrieron los mercados de energía a la inversión extranjera y la competencia hace cinco años”, agrega.
El reportaje de Houston Chronicle dice que mientras López Obrador apunta a compañías internacionales e invierte en su campaña anticorrupción, “los casos de corrupción pública de la administración anterior están languideciendo. Un ejemplo de ello es el ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien está acusado de canalizar más de 50 millones de dólares en fondos de campaña a los Estados Unidos y se dice que vive en el área de El Paso. Parece que no se ha dictado ninguna orden federal de extradición para devolverlo a México, a pesar de que el Estado de Chihuahua ha emitido varias órdenes de arresto”. “Un caso aún más grave involucra al ex jefe de Pemex, Emilio Lozoya, quien estuvo implicado en un esquema de soborno de 800 millones de dólares en toda América Latina por parte de ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht. A pesar de que el ex director de Odebrecht México testificó en un video que Lozoya recibió varios millones de dólares en sobornos, la investigación de estas acusaciones no ha avanzado bajo el gobierno de López Obrador”, señala.
En cambio, dice, López Obrador se ha centrado en las inversiones de negocios internacionales, decidiendo, por ejemplo, cancelar el aeropuerto de 13.3 mil millones de dólares en México financiado por bonos del Gobierno vendidos a inversionistas.
El Presidente mexicano describió el proyecto del aeropuerto, que se completó aproximadamente en un tercio, como un “pozo sin fondo” de corrupción.
La periodista de Houston Chronicle señala que López Obrador también ha mencionado sus preocupaciones por la corrupción como su justificación para que la administración posponga las subastas de generación de energía y petróleo planeadas. “Estas subastas fueron instituidas por la administración anterior para atraer inversiones muy necesarias para el sector energético, y fueron diseñadas específicamente para ser transparentes, con múltiples ofertas selladas abiertas ante una audiencia pública”.
“Se espera que los aplazamientos de las subastas retrasen el progreso de México en el desarrollo de sus recursos de petróleo y gas y hacia nuevas fuentes de generación de energía, especialmente energía eólica y solar. También hace que la industria de la energía vuelva a las manos de las empresas estatales, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, o CFE, que genera y distribuye energía a México. No se requiere que tanto Pemex como la CFE cumplan con el mismo estándar de transparencia que tienen las empresas internacionales”, dice.
“Los académicos que estudian la corrupción dicen que la mejor manera de combatir la corrupción es centrarse en las adquisiciones, en cómo el Gobierno compra bienes y servicios. El ex Gobernador de Veracruz, por ejemplo, Javier Duarte, utilizó el proceso de adquisición para canalizar aproximadamente 40 millones de dólares a cuentas privadas y se declaró culpable de lavado de dinero en 2018. Los auditores mexicanos, por ejemplo, encontraron más de 30 compañías ficticias vinculadas a él. qué fondos habían sido transferidos sin una explicación clara”.