Los diferentes órganos de control de los municipios, así como el gobierno del estado, concretaron la inhabilitación de 27 servidores públicos durante el 2019, así se desprende los archivos de la Secretaría de la Función Pública.
El Registro de Servidores Públicos Sancionados perteneciente a la dependencia, expone que durante este 2019 únicamente fueron inscritos en este listado un total de 27 funcionarios que cometieron alguna irregularidad, esta cifra es menor a la registrada en 2018, cuando se contabilizaron 85 burócratas penalizados.
Las personas que se encuentran en el Registro de Servidores Públicos Sancionados, están impedidas por la autoridad para ejercer algún otro cargo en administraciones de cualquier nivel de gobierno, ya que en todos los casos se inscriben las inhabilitaciones de estos funcionarios.
Conforme a los registros del 2019, destaca que la mayoría se concretaron durante la administración interina, pues de los 27, sólo uno fue inscrito en los primeros meses de gestión del gobernador Miguel Barbosa y corresponde a un funcionario municipal.
De los 27 servidores públicos sancionados durante este año, a un total de 21 se le acusa de incumplimiento en la declaración de la situación patrimonial en el periodo que se desempeñan, todos estos fueron sancionados por Contralorías Municipales, por abuso de autoridad inhabilitaron a dos personas y por negligencia administrativa tres personas.
Entre los servidores públicos inscritos en el padrón hasta este año, destaca el ex agente ministerial, Jorge Hernández Coca, a quien las autoridades jurisdiccionales encontraron culpable por nexos con el cártel de “Los Zetas” y además de la pena impuesta se le impidió ocupar un cargo en el servicio público por cuatro años y seis meses.
Mientras, durante el 2018 se registraron 85 casos de servidores públicos inhabilitados, de los que 29 incurrieron en violaciones a las leyes y normatividad presupuestal; 25 fueron sancionados por negligencia administrativa; 17 cuentan con la sanción por incumplir en su declaración patrimonial; 10 por abuso de autoridad; tres violaron los procedimientos de contratación; y uno cometió actos de cohecho y extorsión.