El titular de la Secretaría de Educación Pública, Melitón Lozano Pérez reveló que las denuncias contra quienes entregaron títulos “piratas” a través del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP), continúan y está en manos de la Consejería Jurídica del Estado que será la que procederá penalmente.
En entrevista, el secretario detalló que, al indagar, su dependencia encontró diversas irregularidades como que los responsables de la entrega alteraron el porcentaje de revalidación de los beneficiados, ya que únicamente podían registrar cuatro materias por mes y sin embargo lo hicieron con ocho mensualmente.
Especificó que, también detectaron que las calificaciones fueron asentadas manualmente, violando el sistema que insertaba la calificación de manera automática, luego de que los alumnos realizaran sus exámenes.
Además, el titular de la SEP en Puebla apuntó que algunos de los beneficiarios recibieron su título “pirata”, sin estar oficialmente inscritos en el IEDEP.
Ellos indagaron, cuando se revalida materias solamente hay un porcentaje de revalidación que aquí se alteró, cada mes se podía registrar máximo cuatro materias se registraron hasta ocho y luego las calificaciones eran en automático, en el sistema tu hacías un examen y salía la calificación y lo que encontramos fue que eran calificaciones asentadas manualmente”, expresó.
El funcionario estatal explicó que la SEP se encargó de documentar las irregularidades para entregarlas a la Consejería Jurídica, la cual se encuentra armando el expediente para presentarlo ante las estancias judiciales.
Nosotros las presentamos, la consejería arma el expediente y la presenta a la estancia judicial ya ellos son ya los que resuelven cuales son las sanciones correspondientes”, apuntó.
Melitón Lozano indicó que la resolución judicial será la que determine si los títulos “pirata” son revocados.
Fue el 10 de noviembre cuando el gobierno del estado de Puebla denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a 26 funcionarios públicos por los delitos de cohecho, tráfico de influencia, ejercicio indebido de funciones y asociación delictuosa, esto por la asignación de calificaciones y títulos falsos desde el IEDEP.