La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) planteó al secretario de Infraestructura estatal, Juan Daniel Gámez Murillo, que en el 2020 se realicen obras mediante el esquema de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS), a fin de no desestabilizar las finanzas ante la incertidumbre económica del país.
José Antonio Hernández González, presidente de CMIC Puebla, comentó que sostuvieron una reunión con Gámez Murillo para sugerirle que aplique dicho esquema, pero con “la transparencia en pagos que no hubo en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas”.
Mencionó que los constructores plantearon edificar cuatro centros de reinserción social debido a la sobrepoblación que existe en 10 de los 20 que hay en el estado, y que también el mandatario poblano, Miguel Barbosa Huerta, consideró una necesidad en su administración.
Estimó que se requiere una inversión de 10,000 millones de pesos para los centros, los cuales se ubicarían en las sierras Norte, Negra y centro del estado, pero el monto hace viable recurrir a los PPS.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública, la mitad de los penales tiene una sobrepoblación de 63 por ciento.
En este tenor, el presidente de CMIC consideró que el gobierno debe aprovechar ese esquema de financiamiento, en donde dará oportunidad a los empresarios poblanos de tener mayor actividad que en las administraciones anteriores.
Reconoció que el monto para los centros es alto, pero mediante los PPS se podrá amortizar el costo sin comprometer el presupuesto de un año o de los cinco que restan de la administración de Barbosa Huerta.
CMIC alza la mano
De la misma forma, Hernández González dijo que levantaron la mano para la construcción de dos libramientos considerados por el gobierno estatal; se trata del poniente que comunica a la carretera de Huejotzingo con la autopista Siglo XXI, que pasa por Atlixco y se enlaza con Cuautla, Morelos, y se unirá con un tramo hacia Amozoc, así como la autopista Puebla-Veracruz.
Dijo que este 2019 fue “malo para el sector porque hubo escasez de proyectos” y eso obligó a los constructores poblanos a tener que refugiarse en hacer obra privada, que representó 60% de su actividad total y el resto, proyectos públicos con ayuntamientos e incluso teniendo que migrar a Tlaxcala para trabajar.