El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta reveló que ocho morenovallistas de los 29 que recibieron una patente de notario bajo diversas irregularidades, fueron allanadas mientras que el resto continúan amparadas, a fin de no recibir la notificación de revocación o bien, pidieron un tiempo para terminar con los trabajos que tenían en curso.
En entrevista, el mandatario destacó que la Consejería Jurídica inició la validez del retiro de la patente de ocho notarías, por tanto, después de un procedimiento de investigación serán cerradas de manera oficial dichas patentes.
Ocho parece que ya se allanaron, aceptar que se inició la validez del procedimiento del retiro de la patente, que en la práctica significa terminar con la notaría esa, se cierra, pero después de un procedimiento no crean que es bajar la cortina, expresó.
Destacó que otros notarios interpusieron amparos para evitar ser notificadas sobre el inicio de revocación, por lo cual, la administración estatal interpuso denuncias penales en su contra por el uso indebido de documentos públicos, falsedad de declaraciones y asociación delictuosa.
El gobernador del estado dijo que otras emitieron amparos únicamente para terminar los procesos que tenían en curso, sin embargo, en próximos días deberán entregar la patente al gobierno.
Otros promovieron amparo están en su derecho y nuestro derecho también es presentar denuncia penal y ya lo hicimos, ya se presentaron todas las denuncias que debían presentarse, (…) unos hasta han cerrado sus notarías y los otros consiguieron amparo para que no sean notificados, apuntó.
Barbosa Huerta precisó que entre los titulares que presentaron un amparo pero que regresarán la patente, se encuentra Patricia Leal Islas, quien fue titular de la Contraloría del estado durante el sexenio morenovallista.
CENTRAL publicó que de 46 los notarios morenovallistas y prestanombres investigados por el gobierno de Miguel Barbosa Huerta en Puebla, por haber obtenido sus patentes en un procedimiento irregular durante el sexenio de Rafael Moreno Valle y que podrían incluso enfrentar cargos por uso indebido de documentos públicos, falsedad de declaraciones y asociación delictuosa.
Del total de investigados, 29 aparecen como titulares de las notarías y 17 son los verdaderos operadores, pues el gobierno reveló que usaron prestanombres para hacerse de una notaría pública e intentar “pasar desapercibidos”.