En la reestructuración del gobierno estatal que realizará Luis Miguel Barbosa Huerta, la Secretaría de Gobernación —actualmente Secretaría General de Gobierno—volverá a tener su rol conciliador para evitar conflictos sociales y políticos. Por ello, el gobernador electo de Puebla dejó en claro que no será utilizada está instancia para el espionaje.
En la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública que envió al Congreso, se incluyen las nuevas facultades que tendrá esta dependencia que estará encabezada por Fernando Manzanilla Prieto.
CENTRAL revisó la iniciativa y se pudo observar que Barbosa Huerta busca regresarle “su principal función —a la Secretaría de Gobernación—, la política interior del Estado y su relación con los demás órdenes”.
Durante los gobiernos morenovallistas se acusó que la SGG se convirtió en un instrumento de presión en contra de alcaldes, diputados, empresarios, líderes sociales y todos aquellos personajes que estaban en contra de las políticas públicas.
En la actual Ley Orgánica de la Administración Pública, la SGG tiene más de 50 facultades. Mientras que en la reforma de Barbosa se acortan a 34.
Entre los cambios principales se encuentran que la agenda legislativa del gobierno estatal la realizará con la Consejería Jurídica, una de las principales áreas del gobierno estatal entrante.
Es importante destacar que esta secretaría en la era barbosista siempre buscará la conciliación y el dialogo como su principal acto en las negociaciones políticas.
De igual modo, la dependencia tendrá mayor acercamiento con los municipios y les brindará asesoría y asistencia para que tengan un mejor desarrollo.
En la fracción II del artículo 32 se establece que, Gobernación revisará la política interior del estado, y buscará acuerdos políticos y sociales.
“Los asuntos relativos a la política interior del estado, así como facilitará los acuerdos políticos y consensos sociales para que se mantengan las condiciones de unidad y cohesión social”.
Asimismo, en la fracción IV del artículo citado se detalla que la Secretaría deberá intervenir para dirimir los conflictos sociales que surjan en Puebla en torno a la tenencia de la tierra, los asentamientos humanos irregulares y los relacionados con la liberación de derechos de vía.
