Las autoridades argentinas detuvieron y encarcelaron esta semana al activista Iván Malajovich, acusado de ofrecer talleres para cultivar marihuana y, a partir de esta, fabricar aceite para combatir dolencias relacionadas con alguna enfermedad.
El magistrado federal de Paraná Leandro Ríos procesó al activista de 33 años de edad por delitos tipificados en la ley de drogas, a pesar de que el Senado aprobó la ley de uso medicinal del cannabis.
La investigación contra Malajovich habría incluido que las autoridades intervinieran sus llamadas telefónicas, en las que el militante ofrecía asistencia sobre el cultivo de la planta y no sobre la venta de semillas, como se sospechaba.
El operativo incluso incluyó el allanamiento de un segundo activista, Maximiliano Burgos, cuya puerta fue destruida por las autoridades ya que el sujeto no podía abrir por estar en silla de ruedas, consecuencia de una esclerosis múltiple de grado 3.
Aunque el magistrado desligó a Burgos de la causa ante las críticas de los medios de comunicación, este sufrió una descompensación que lo tuvo en cama durante varios días.
Finalmente, El juez impusó un embargo a por cerca de 75 mil pesos mexicanos (150 mil pesos argentinos), ya que Malajovich habría excedido “los límites de la libertad de expresión” al realizar talleres que “propagan” el uso de estupefacientes en terceros.