Como una vuelta del destino, a Olga Sánchez Cordero le toca, una vez más, actuar en las graves acusaciones contra el ex “góber precioso” de Puebla, Mario Marín Torres. La primera vez que Sánchez juzgó a Marín, como ministra de la Corte en 2007, no sólo ayudó a exonerarlo sino que su voto salvó al político poblano de ser acusado de conspirar para violentar los derechos de la periodista Lydia Cacho, detenida, amenazada y torturada ilegalmente en 2005. Once años después, ya como secretaria de Gobernación del presidente López Obrador, doña Olga vuelve a tener en sus manos el mismo caso y ahora es la responsable de ordenar y vigilar una nueva investigación en contra de Marín y otros autores intelectuales y materiales de aquella agresión a la periodista. La detención el martes pasado de Alejandro Rocha Laureano, agente ministerial en Puebla, como presunto responsable del delito de tortura contra Lydia Cacho, confirma que el caso de las graves violaciones a los derechos de la escritora y periodista está de vuelta, y que el actual gobierno ha empezado a cumplir la orden del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que el 31 de julio, en una resolución contra el Estado Mexicano, ordenó hacer una investigación “imparcial, pronta y exhaustiva” del ataque ilegal cometido contra Cacho, a quien además pidió que las autoridades deben “ofrecer una compensación adecuada” y evitar futuras violaciones a los derechos de periodistas y defensores de derechos humanos mediante la despenalización del delito de difamación y calumnia.
Y justamente, las dos áreas del gobierno que deben cumplir esa resolución son Gobernación, a cargo de la ex ministra Olga Sánchez Cordero, y la Procuraduría General de la República, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero. La PGR ya dio el primer paso al ordenar a agentes de la Agencia de Investigación Criminal cumplir una orden de aprehensión en contra del agente Rocha Laureano. La pregunta es qué va a hacer la Secretaría de Gobernación y si sólo van a detener a los autores materiales de la detención y tortura, incluso intentos de violación y amenazas de muerte, de lo que Cacho culpa a 17 agentes poblanos, y apenas van tres procesados, o si también irán contra los autores intelectuales, entre los que la periodista señala a Mario Marín, cuyas conversaciones telefónicas con el empresario Kamel Nacif en 2006, evidenciaron una conspiración para reprender a la periodista por las denuncias de su libro Los demonios del Edén.
La ministra y la Corte que exoneró Marín
La pregunta de qué posición tomará ahora Sánchez Cordero es relevante porque en 2007, cuando la denuncia de Lydia Cacho fue atraída por la Corte, para definir si hubo o no una conspiración entre el entonces gobernador de Puebla y el empresario Nacif para violar los derechos de la periodista y ordenar su detención arbitraria, la ahora titular de Gobernación y entonces ministra tuvo una actuación tan dudosa en la sentencia favorable de la Corte, que negó la existencia de esa conspiración e incluso desestimó la gravedad de las violaciones, que se le llegó a mencionar como la “salvadora” de Mario Marín. En aquel año la SCJN se fue con todo contra la periodista. Dos sesiones bastaron a los ministros Sergio Aguirre Anguiano y Olga Sánchez Cordero para llevar a la Corte a uno de sus máximos descréditos y echar abajo la investigación contra el entonces ya conocido popularmente como el “góber precioso”. Los dos ministros Aguirre y Sánchez se encargaron de dirigir los argumentos contra el dictamen presentado el 26 de noviembre de 2007 por el ministro Juan Silva Meza, en el que establecía que sí existió la “componenda” entre autoridades encabezadas por Marín para perseguir a la periodista a solicitud del empresario Nacif Borge. Silva había investigado el caso por más de un año por mandato de la Corte pero cuando presentó su dictamen, bastaron dos sesiones, 27 y 29 de noviembre, para que lo desecharan y se exonerara a Marín “por falta de pruebas”. La hoy titular de Gobernación, con su voto entonces como ministra, fue decisiva para que el 29 de noviembre de 2007 “salvara” al gobernador priista de Puebla de ser declarado culpable de aquella conspiración, pues cuando se esperaba que votara en contra, doña Olga, considerada entonces como “defensora de los derechos de las mujeres”, votó a favor de la inocencia del político. Ante la sorpresa que causó su voto, la ministra después explicaría que los resultados de las investigaciones no eran suficientes para que considerara que hubo una violación a la libertad de expresión de Lydia Cacho, por lo que votó en contra de la periodista.
En mi opinión los datos arrojados por la averiguación, por la ejecución de la orden de captura y por la incertidumbre jurídica que se generó con la detención, así como el trato al que fue expuesta en razón de su condición, no son suficientes para mí para arribar a la conclusión de que la actuación de las autoridades sí vulneró su libertad de prensa”, aseguró la ministra que con su voto completó la mayoría de 6 a 4 que salvó al “góber precioso”. Por eso vuelve la duda y la pregunta ¿la secretaria Sánchez va a investigar al político que la ministra Olga exoneró? Va a tener la imparcialidad y la autoridad para ejecutar la orden de la ONU para que investigar a Marín, a Nacif y a todos los que conspiraron para detener y violentar ilegalmente los derechos de una mujer y periodista como Lydia Cacho Ribeiro. O de plano doña Olga, como ya lo hizo como ministra ¿volverá a perdonar al “góber precioso” y al “héroe de esta película, papá?
La batalla de los sueldos vs. la constitucionalidad
En San Lázaro dicen que a pesar del fallo de la Corte que pidió suspender la disminución de salarios a los funcionarios del Poder Judicial Federal en el Presupuesto de 2019, hasta que se defina la constitucionalidad de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, impugnada por la acción de inconstitucionalidad que promovieron Senadores de oposición, los diputados no detendrán su aplicación y que sí van a considerar la reducción de sueldos del Poder Judicial y del resto de los poderes y organismos autónomos en las partidas presupuestales del próximo año. Y es que, a pesar de la suspensión que otorgó ayer el ministro Alberto Pérez Dayán, y de que todo apunta a que la Corte va a declarar la inconstitucionalidad de la citada ley, en la Cámara de Diputados están engallados y advierten que van a declarar un “conflicto de interés” grave en el hecho que los jueces, magistrados y ministros conozcan de la disminución de sus salarios.
Así que, tal como aquí se lo anticipamos desde hace semanas, se viene una batalla y un choque fuerte entre Poderes en lo jurídico y que podría escalar tanto que rebase incluso las instancias nacionales y llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero al final, como aseguran que comentó en privado hace poco el presidente López Obrador: “Podrán ir a la Corte interamericana o a la Corte intergaláctica, pero de que la austeridad en los sueldos va, va”. Preparémonos para la guerra de poderes. Será el veto de los jueces contra los votos de los legisladores.
NOTAS INDISCRETAS… La terna del presidente López Obrador para la Corte no la tiene fácil. Para la designación del nuevo ministro o ministra se necesita mayoría calificada de las dos terceras partes del Senado, que son 85 senadores que no completan Morena y sus aliados. Por lo pronto PRI, PAN, PRD y MC están vetando a las dos mujeres, Loretta Ortiz y Celia Maya García por su militancia en Morena, una viene de ser diputada constituyente y la otra candidata del partido a la gubernatura de Querétaro. Y aunque había consenso en que fuera una mujer la que ocupara el ministerio, no las quieren apoyar, lo cual haría que se perfilara el magistrado José Luis González Alcántara, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX. El asunto es que González Alcántara va también en la terna para fiscal que propuso López Obrador en enero, eso quiere decir que si fuera electo ministro, automáticamente quedaría descartado para la Fiscalía lo cual confirmaría a Bernardo Bátiz como nuevo fiscal porque la otra propuesta para la FGR, Verónica de Gyves, estaría descartada porque su esposo llegó a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX… El PAN acusa que en el Tribunal Electoral federal hay “manipulación y favoritismo” de su presidenta Janine Otálora en el caso de la impugnación a la elección en Puebla. Los panistas se quejan de que Otálora no está ejerciendo la función que le corresponde y que permite la injerencia abierta de Morena y de sus operadores en el proyecto de resolución que hizo público el magistrado José Luis Vargas. Los panistas no dejarán de presionar para que se excuse Vargas, el magistrado ponente, como lo pidió su candidata Martha Erika Alonso, y el problema es que en el Tribunal, Janine Otálora no se decide a convocar de una vez por todas a la sesión para que se vote el caso Puebla, lo que alimenta las sospechas de una negligencia interesada de la magistrada presidenta. El reloj sigue corriendo y la tensión en Puebla aumenta…Los dados mandan Serpiente doble. Descendemos.
