El general activo Pedro Almazán renunció al cargo de secretario de Seguridad Pública estatal (SSP), tras una serie de señalamientos de presuntos actos de corrupción y nexos con el narco.
Almazán Cervantes dejó el cargo a tres años y nueve meses de que fue designado durante el gobierno interino de Rogelio Ortega Martínez y ratificado en la administración del priista Héctor Astudillo Flores, tras registrarse más de ocho mil homicidios dolosos durante este periodo.
En las últimas semanas, el general en activo que se desempeñaba como funcionario estatal de seguridad fue señalado de presuntos nexos con los grupos del narco que operan en la entidad, principalmente en las regiones de Acapulco, la Sierra, Chilpancingo, Costa Grande y Tierra Caliente.
Incluso, esta semana fueron ejecutados los dos únicos policías estatales que resguardaban uno de los tres cuarteles sectoriales de la región Montaña, acción que exhibió el desmantelamiento de la corporación, ya que dos tercios de ésta están habilitados como guaruras de políticos, funcionarios y sus familiares, indican reportes oficiales.
El gobernador Astudillo organizó una despedida a su exsecretario de Seguridad Pública en las instalaciones de la Universidad Policial, donde destacó que la cifra de homicidios dolosos disminuyó menos de un punto porcentual en comparación con el año pasado.
No obstante, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el manejo de 222 millones 940 mil pesos transferidos al gobierno estatal, en 2016, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Incluso, descubrió que con ese dinero se privilegió el gasto en “Tecnologías, infraestructura y equipamiento policial”, pero no se destinó un solo peso al Programa para la Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas.
El organismo fiscalizador revisó una muestra de 187 millones 645 mil pesos, cantidad que representó 85.3% del total, y detectó “un probable daño” a la Hacienda Pública Federal por un monto de 20 millones 158 mil pesos, según el informe de la ASF emitido en noviembre de 2017, pero dado a conocer públicamente a finales de febrero de este año.
De esa cantidad, al menos 990 mil pesos corresponden a una obra no ejecutada y 19 millones 258 mil pesos a un subejercicio de los recursos federales transferidos en 2016.
Además, en mayo de 2017 fueron despedidos 176 policías estatales que protestaron por denunciar presuntos actos de corrupción de Almazán Cervantes y, a la fecha, el gobierno estatal enfrenta un proceso legal para justificar los despidos o restituir a los inconformes.
