Huachicol

Vinculan a proceso a la esposa del alcalde de Venustiano Carranza, solo por portación ilegal de armas

- Foto: Facebook

Bernabé fue detenida en un mega operativo el pasado 7 de agosto en el municipio de Venustiano Carranza, pero al día siguiente obtuvo su libertad tras pagar una multa de 20 mil pesos.

Por Magarely Hernández / @magarelyhl

/ Ciudad de Puebla

Ilse Lucía Bernabé, la esposa del alcalde huachicolero de Venustiano Carranza, Rafael Valencia, fue vinculada a proceso este martes 14 de agosto por el delito de portación ilegal de arma de fuego, cargadores y casquillos de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

El 7 de agosto también fue detenida Mónica B., quien trabajaba como sirvienta en la casa del alcalde Rafael Valencia y este día se llevó a cabo la audiencia de Lucía Bernabé y Mónica B., quienes continuarán con su proceso en libertad, pues al día siguiente de su detención pagaron una fianza de 20 mil pesos. 

La esposa de Rafael Valencia fue eximida de los delitos de robo de combustible, a pesar de que fue detenida en el mismo operativo realizado por la Procuraduría General de la República (PGR) en el que capturaron a Daniel Romero Morales, “El Kakas” y a su esposa, Griselda Cabrera Valencia, quienes sí fueron procesados por huachicoleros.

El vínculo de Ilse Lucía Bernabé con el robo de combustible es evidente, pues la PGR informó que su esposo, el alcalde Rafael Valencia sí es investigado por la ordeña ilegal de ductos de Pemex, según publicó el diario nacional Reforma

VER: Detienen a la esposa del alcalde de Venustiano Carranza ¡por huachicolera!

El Juez de Control Federal estableció un plazo de tres meses para el cierre de investigación complementaria y, tanto Ilse Lucía Bernabé como Mónica B., seguirán su proceso en libertad. De momento, sólo se mantiene la medida cautelar de firma periódica a la Casa de Justicia de Huauchinango, Puebla.

La investigación de las dos mujeres correrá a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), quien contará con 90 días para recolectar dictámenes periciales y un informe que las relacione con el crimen organizado.

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