A través de una petición en la plataforma Change.org, organizaciones y defensores de derechos humanos exigen que se detenga la aprobación de la llamada #LeyChayote en la Cámara de Diputados.
La petición, dirigida a la Cámara de Diputados y el Senado de la República, iniciada por el activista Alfredo Lecona señala que las diputadas y diputados “piensan mantener la discrecionalidad con la que los gobiernos y dependencias otorgan dinero público a un puñado de medios de comunicación a cambio de que ‘se cuente lo bueno que casi no se cuenta'”.
En la página se expresa que los funcionarios simulan cumplir con la sentencia histórica realizada por la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) por la cuál deben generar una Ley que combata y regule el problema de la publicidad oficial.
“Enrique Peña Nieto prometió en campaña acabar con la discrecionalidad de la publicidad oficial y muy contrario a ello, terminará su sexenio erogando casi 65 mil millones de pesos en propaganda”, afirma la petición. Además, señala que que esa cantidad de dinero pudo servir para construir 380 clínicas para tratar el cáncer de mama.
“De ese tamaño es el agravio y de ese tamaño es nuestra responsabilidad para exigir que se detenga la aprobación de la #LeyChayote y que los legisladores escuchen a las organizaciones de la sociedad civil y a los periodistas”, agrega.
De acuerdo con Lecona, se debe tomar en cuenta a la sociedad para construir la ley que regule debidamente el gasto en comunicación social de los gobiernos.
Ayer, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción se refirió como un “golpe a la libertad de expresión” al dictamen aprobado por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados en materia de propaganda gubernamental.
El SNA rechazó el dictamen debido a que no cumple con los criterios de “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez a los que obliga la Constitución”, y agregó que debe modificarse antes de someterse a votación en el pleno de los legisladores.
Organizaciones, medios de comunicación independientes, periodistas y personas, unidas a través del colectivo #MediosLibres, acusaron el días pasados que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza simularon discutir la Ley de Comunicación Social en busca de cumplir con un formalismo para no caer en el desacato ante la sentencia de la Suprema Corte de Justicia.
El 3 de abril, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó con 15 votos a favor, 8 negativos y una abstención, en una votación en lo general, un dictamen regresivo para la Ley de Publicidad Oficial sin consultar de sociedad civil, como lo denunció el colectivo #MediosLibres, que busca detener el gasto discrecional del Gobierno, con lo que la iniciativa se dirige al Pleno.
Ahora, el Congreso tiene hasta el 30 de abril, por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para expedir una Ley que regule la publicidad oficial. El fallo se dio en noviembre pasado y, un mes después, las organizaciones civiles solicitaban a los legisladores un plan de trabajo. Pero no lo hubo.
De acuerdo con organizaciones como Fundar o Artículo 19, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha entregado miles de millones de pesos sobre todo a 20 grandes medios sobre los que ejerce control. Ahora, esta iniciativa, de aprobarse, enfatizará en ése control, advierte el colectivo. Y esto sucede en plena jornada electoral, cuando México decide al próximo Presidente de la República.
El colectivo #MediosLibres acusó que el dictamen no atiende problemas que supone la publicidad oficial como ser un mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales, la asignación discrecional de recursos públicos millonarios, su utilización para fines proselitistas o electoreros, entre otros.
De acuerdo con la organización Fundar, los diez medios y empresas que han ganado más dinero por concepto de Publicidad Oficial durante el Gobierno Peña Nieto hasta 2017 son: Televisa con 6 mil 680 millones de pesos, Estudios Azteca ha obtenido 3 mil 939 millones, Starcom Worldwide (EU) mil 298 millones de pesos, Estudios Churrusco Azteca rebió mil 270 millones, Grupo Fórmula mil 045 millones, El Universal mil 007 millones, Excélsior, 989 millones 969 mil pesos; Starcom Worldwide (México) ha recibido 815 millones 811 mil pesos; OEM 802 millones 351 mil y SPR del Estado Mexicano 693 millones 344 mil.
El colectivo indica que la ausencia de un sistema de medición imparcial e independiente perjudica al monitoreo de los medios de comunicación.
