La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, la cual había sido duramente criticada por organizaciones de la sociedad civil que alertaron que la legislación ponía en riesgo los derechos humanos y perpetuaba un modelo fallido de seguridad en México.
Durante la sesión de este jueves, nueve ministros, incluido el Ministro presidente, Luis María Aguilar, votaron a favor de la invalidez de la legislación y en contra del proyecto de Jorge Pardo Rebolledo que buscaba declarar constitucional la legislación.
Sólo el ministro Pardo Rebolledo defendió su proyecto.
El proyecto del Ministro Jorge Pardo planteaba que el Congreso sí tiene facultades para legislar en el tema de seguridad interior, pero nuevo de los ministros que votaron en contra del documento se manifestaron de manera contraria a este planteamiento.
La Ministra Margarita Luna fue la única que consideró que el Congreso sí puede legislar en la materia. Sin embargo, Luna se había pronunciado a favor de declarar la invalidez de la legislación, aunque no pudo votar durante la sesión porque tuvo que retirarse para atender una comisión oficial.
La Ley fue aprobada el 16 de diciembre de 2017 por el Senado de la República, sin embargo, de inmediato fue impugnada por diversas organizaciones y organismos, entre ellos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Aunque la legislación fue publicada el 21 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, sin embargo, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció que no sería utilizada hasta que la Suprema Corte resolviera en torno a ella.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), Human Rights Watch y Amnistía Internacional fueron algunos grupos que desde el exterior del país alertaron que la Ley de Seguridad permitirá más violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas y ejecuciones extraoficiales.
El Colectivo Seguridad sin Guerra, que agrupa a más de 300 organizaciones y ciudadanos, denunció que la Ley fue aprobada por el Congreso, con el apoyo del Gobierno Federal, “para permitir la intervención de los militares en tareas de seguridad pública, en contra de los establecido en nuestra Constitución”.
