Pocos fenómeno han cambiado tanto el rostro de América Latina en los últimos años como la migración. De norte a sur. De ahí que pese a no estar incluido como tal en la agenda, los cancilleres y jefes de Estado que acudan a la cumbre Iberoamericana en La Antigua (Guatemala) este jueves y viernes, buscarán una posición de consenso en un asunto que afecta a casi todos los países de la región y que incomoda a la mayoría, bien por su condición de expulsor, lugar de tránsito o receptor.
Al mismo tiempo en que los jefes de Estado se reunirán en la ciudad colonial, miles de centroamericanos estarán llegando a Tijuna, una de las fronteras mexicanas con Estados Unidos, donde esperan poder cruzar pese a las amenazas de Donald Trump, que ha ordenado desplegar 15.000 soldados para frenarlos. Anualmente se calcula que unas 300.000 personas cruzan México de forma clandestina. Ahora, han perdido el miedo y caminan a cara descubierta y en grupo por las carreteras del país. Tijuana podría convertirse en punto de llegada para todos ellos y, por extensión, en un gigantesco campo de refugiados si no logran cruzar a Estados Unidos.
La caravana migrante y los insultantes tuits de Trump contra sus integrantes ha puesto sobre la mesa un asunto que afecta a México y a toda Centroamérica. Ante este desafío los países han reaccionado sin coordinación, planes, ni presupuesto frente a un problema regional.
El paso de los centroamericanos ha captado los reflectores en las últimas semanas, pero la crisis se amplía al sur. A la emigración tradicional desde El Salvador, Honduras y Guatemala por la pobreza y la violencia se suma ahora la salida masiva de migrantes desde Nicaragua, debido a la inestabilidad que vive el país y la deriva represiva contra la oposición emprendida por el gobierno de Daniel Ortega, que ha confirmado su asistencia a la cumbre. Y el fenómeno más drástico. Más de dos millones de venezolanos han salido del país ante la crisis institucional y humanitaria que afronta el país caribeño tras la deriva autoritaria del Gobierno de Nicolás Maduro.
La magnitud de la crisis hace inevitable que los 17 jefes de Estado de América Latina, España y Portugual que han confirmado su presencia en la cita organizada por la Secretaría General Iberoamericana (Segib) tengan que pronunciarse al respecto. Las características y las implicaciones que tiene la migración para los países hacen complicado una declaración que vaya más allá de las buenas intenciones. Los países fronterizos con Venezuela buscan una crítica tajante al madurismo y a Daniel Ortega, pero eso implicaría también condenar la actitud de otros países, donde la deriva autoritaria es creciente, como la anfitriona Guatemala o el silencio de México cuyo presidente, Enrique Peña Nieto, dejará el cargo en dos semanas. Junto al presidente brasileño, Michel Temer, será otro de los que utilizará la cita para despedirse de sus colegas.
En el borrador del texto, según fuentes diplomáticas de varios asistentes, se hará una mera declaración de intenciones pero sin gestos concretos para expresar su solidaridad con los migrantes que han tenido que abandonar sus países por motivos de pobreza y violencia; piden que se respeten los derechos humanos de estos millones de personas e instan a los países a lograr mecanismos para que el proceso sea ordenado.
Otras crisis sobrevolarán la cita de La Antigua. La situación de Venezuela, como ocurrió hace dos años en Cartagena de Indias, será uno de los asuntos que tratarán los jefes de Estado en su encuentro a puerta cerrada del viernes. La presencia del presidente venezolano, Nicolás Maduro, es aún una incógnita. No ha confirmado su asistencia, pero nadie descarta que termine apareciendo, como ocurrió en la Asamblea General de la ONU. Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, lidera la delegación venezolana por el momento. Quien sí estará en La Antigua, salvo sorpresa, es Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. El país centroamericano vive desde mayo una crisis política y social, tras la violenta represión que emprendió el régimen sandinista en mayo y que ha dejado centenares de muertos. Más de 40.000 nicaragüenses se han exiliado en Costa Rica ante la deriva de su país.
La propia anfitriona es una presencia incómoda, en tanto no se escapa a la tormenta regional. Guatemala vive una época convulsa en pleno divorcio entre el Gobierno de Jimmy Morales, la sociedad civil y la comunidad internacional por culpa de la Comisión contra la Impunidad de Naciones Unidas (CICIG). El presidente emprendió una cruzada contra la CICIG y anunció que no renovaría el acuerdo que sostenían por lo que tendrá que cesar actividades el próximo año. Paralelamente prohibió al fiscal en jefe de la misma, el colombiano Iván Velásquez, regresar al país lo que ha provocado un enfrentamiento con el Secretario General de Naciones Unidas y varios de los países donantes, entre ellos España.
La decisión de Morales es interpretada como un intento de blindarse ante las investigaciones en curso, una vez que Velásquez se solicitó el antejuicio por presunta financiación irregular de su campaña. Las últimas encuestas revelan que un 70% de los guatemaltecos aprueban el trabajo frente al 15% que respaldan a Morales, en su momento más bajo desde que llegó al poder hace más de dos años, cuando ganó por goleada las elecciones. Desde entonces su popularidad no ha dejado de caer y los comicios del próximo año se presentan como un plebiscito a favor o en contra de la CICIG, la institución que más ha hecho en la región por desmontar las estructuras de corrupción de los últimos gobiernos.
