Frente a la discusión del futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la organización Poder hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda para que solicite al Grupo Aeropuerto de la Ciudad de México (GACM) un nuevo estudio de costo-beneficio de la obra, ya que con los datos actuales del costo total de la obra muestran que es inviable.
En la presentación de su plataforma Torre de Control, Julieta Lamberti, investigadora de Poder, luego de una revisión de los números y los análisis financieros del GACM, dijo que había un desfase de los números y los costos de Hacienda y del GACM.
“En 2014 dijeron que sería de 169 mil millones de pesos y ahora Hacienda dice que son 195 mil millones de pesos. Pero ahora el GACM dice que la primera fase cuesta 285 mil millones de pesos. Hay otro dato, el de la Academia de Ingeniería de Mexico que dice que cuesta 440 mil millones de pesos. Esto implica que el GACM no puede garantizar que el proyecto tenga garantizada su financiación. Tiene financiamiento del 70 por ciento de lo que costaría la primera fase. Faltan 88 mil millones de pesos y lo que se propone es vender los terrenos del actual Aeropuerto y los que colindan, que son los de la Ciudad Aeropuerto, más una emisión de bonos y cobrar TUA de interconexión”, explicó Lamberti.
Estos datos ponen en duda que la segunda parte del NAIM sea financiable. “Si se actualizan los costos es inviable. Porque han aumentado casi 69 por ciento su costo más el retraso en su construcción. El proyecto, según la ley, es inviable según el indicador de la Tasa Interna de Retorno Social […] El proyecto será más costoso para la sociedad que los beneficios que podría traer. Hacienda debe pedir al Grupo que actualice el estudio de costo beneficio, porque sí es inviable es una pérdida de dinero”, agregó.
Sobre el financiamiento y la licitación de las obras, Eduardo Regón, también investigador de Poder, señaló que el GACM ingresó en una sola caja los recursos públicos y privados, por lo que no es posible revisar el uso de los recursos y si el dinero se reparte de forma uniforme.
También encontraron dudas en el dinero que recibió la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para la compra de terrenos al Estado de México identificado como “obras sociales” y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para los estudios de inversión.
“Se han contratado 155 mil 732 millones dd pesos (esa es la inversión comprometida), pero el 70 por ciento de los contratos se dan sin concurso. Son malas prácticas en estas adjudicaciones y además no se justifica por qué son por Adjudicación Directa, cuando superan por mucho el importe”, sostuvo.
Reiteraron que de entre las más de 500 empresas que ganaron algún proyecto, hay una concentración de ganadores entre cinco empresarios: Bernardo Quintana, Carlos Slim, Carlos Hank, Hipólito Gerard y Olegario Vázquez Raña.
La organización ha señalado en diversas ocasiones que la construcción del NAIM resulta problemática no solo por los efectos ambientales y la violación a los derechos de los pueblos, sino por la asimetría del costo y los beneficios sociales, además de la opacidad que existe en toda la cadena de suministro y construcción de la obra.
“Es un negocio financieramente frágil y con riesgo de ser inviable”, sostuvo Lamberti.
