Además de las dos personas -padre e hijo- que perdieron la vida en julio de 2017 luego de que su vehículo cayó en un socavón en El Paso Exprés, en Cuernavaca, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reveló este miércoles que otras dos personas más fallecieron en esta vialidad por negligencias en la obra.
En una recomendación dirigida a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), y a otras dependencias públicas, por irregularidades graves en la obra del Paso Exprés, el organismo señaló que una tercera víctima perdió la vida antes del socavón que se abrió solo 5 meses después de la inauguración de la carretera.
La tercera víctima, según documentó la CNDH, murió “debido a la inexistencia de debida diligencia y mitigación de riesgos donde se realizaban los trabajos de construcción del Paso Exprés, al circular en una motocicleta y ser golpeada por un cable de luz de alta tensión suelto, mismo que le causó la muerte”.
La cuarta víctima murió después del socavón al caer de un paso peatonal “que no tenía barandas ni algún tipo de señalamiento de peligro a un costado del Paso Exprés”, señalo la CNDH en la recomendación 34/2018.
Enrique Guadarrama, segundo visitador general de la Comisión, dijo en conferencia de prensa que al menos cuatro testigos señalaron que dicho andador “sufrió modificaciones con motivo de la obra del Paso Exprés”, y que solo después del accidente se colocó una malla provisional.
Laura Treviño, integrante de la CNDH, dijo que los familiares de la tercera y cuarta víctima “no han obtenido debida reparación, ni hay responsables”.
El organismo informó que enviará copias de la recomendación a la Fiscalía de Morelos, para que realice las investigaciones correspondientes.
Para la Función Pública es un caso cerrado
En entrevista, la secretaria de la Función Pública, Arel Gómez, dijo que el caso del socavón en el Paso Exprés está cerrado, y recordó que la dependencia sancionó administrativamente a ocho funcionarios.
En el Senado de la República, Gómez González reconoció que aun no recibe la notificación formal de la Recomendación que la CNDH dio a conocer este miércoles sobre el tema.
La secretaria refirió que, desde el primer día, iniciaron una “investigación amplia y exhaustiva” con los Órganos Internos de Control involucrados, como el del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Arely Gómez refirió que de ello derivaron 22 cédulas de observaciones con todo el procedimiento que marca la norma y se sancionó administrativamente a ocho funcionarios, entre los que destacó la impuesta al director del Centro SCT en Morelos, “que es un nivel muy alto”.
Recordó que la dependencia federal actúa en lo administrativo y derivado de su trabajo se han aplicado inhabilitaciones hasta por 10 años a funcionarios. Si bien el caso está cerrado desde su punto de vista, las autoridades judiciales siguen su propia investigación.
