En Puebla a los exgobernadores no se les paga una pensión como sucede con los expresidentes de la República, pero cada año el gobierno sí se ve obligado a erogar aproximadamente 12 millones de pesos para pagar la seguridad privada de seis exgobernadores, por culpa de una reforma a la Ley Seguridad aprobada por el Congreso local en 2012.
A nivel federal se ha mantenido el debate sobre la millonaria pensión que reciben los expresidentes de la república, lo que ha sido aprovechado por los candidatos de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y la independiente, Margarita Zavala quienes han adelantado que en caso de ganar la elección eliminarán este beneficio. Caso contrario el abanderado de la coalición Todos por México —PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista—, José Antonio Meade Kuribreña quien prometió mantener este gasto, y Ricardo Anaya más tibio, prometió revisar los montos para tomar una determinación.
En Puebla no se trata de una pensión, pero sí de al menos 8 escoltas por turno a disposición de los exgobernadores, un vehículo para trasladarse y hasta el pago de la gasolina de sus autos, beneficio que podría ser vitalicio según marca la Ley de Seguridad.
Con el argumento de “cuestiones de seguridad” se mantiene en sigilo qué exgobernadores han solicitado gozar de este servicio, aunque en 2012 se aseguró que estaban Guillermo Jiménez Morales, Mariano Piña Olaya, Manuel Bartlett Díaz, Melquiades Morales Flores, Mario Marín Torres y Rafael Moreno Valle.
El monto de 12 millones de pesos es aproximado, pues en febrero de 2017, cuando el PRI presentó una iniciativa para derogar el beneficio, dijo que aproximadamente por cada exgobernador el gasto es de 2 millones de pesos anual.
En Puebla, ninguno de los cinco candidatos al gobierno estatal ha mencionado el tema, aunque se espera que también se genere polémica por el elevado gasto y el hecho de que ocho policías estén asignados a cada gobernador.
Pero, además, la protección se extiende a funcionarios relacionados con el tema de la seguridad, además del gobernador, también incluye a los secretarios General de Gobierno; Seguridad Pública, subsecretarios, directores, fiscal y policía ministerial, “siempre y cuando se hayan desempeñado en el cargo como mínimo un año”. Sin embargo, este resguardo únicamente se hace efectivo cuando los funcionarios lo soliciten por escrito.
En febrero de 2017, CENTRAL publicó que el PRI, presentó una iniciativa en el Congreso Local para retirar a Moreno Valle la seguridad que por ley se asignó, que consta de 8 elementos por turno y representa un gasto cercano a los dos millones de pesos.
¿Cuándo surgió la propuesta?
Fue el priista Mario Marín Torres quien en diciembre de 2010, envió el acuerdo en el que se establecen “los lineamientos para la asignación del servicio de seguridad pública para ex servidores públicos del Gobierno del Estado”.
Ahí se estableció que la seguridad privada estará compuesta de hasta ocho elementos por turno, quienes deberán ser servidores públicos con experiencia en la materia y estar adscritos a la Procuraduría General de Justicia (PGR) o a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). El jefe de escolta será quien tenga mayor jerarquía y en el supuesto de que tengan igual jerarquía al que tenga mayor antigüedad en la Institución.
Además se aprobó que se les proporcionen las siguientes herramientas: identificación oficial de la Institución o corporación a que pertenezcan; documento oficial que expresamente los comisione para las tareas de protección, seguridad, custodia y vigilancia que desempeñen; arma de fuego debidamente registrada conforme a la licencia colectiva de la Institución o corporación de la que provengan; así como de vehículos adecuados para las funciones a desempeñar, cuyo mantenimiento, conservación y habilitación periódica, así como los gastos de combustible o reparación, correrán a cargo de la institución de seguridad pública o procuración de justicia de la que provengan.
Además, los elementos de la escolta, tendrán y conservarán los salarios, prestaciones y estímulos o cualquier otro emolumento de carácter económico que conforme sus ingresos totales.
El artículo 9, sin embargo, señala que el servicio será revocado cuando los servidores públicos soliciten su cancelación por escrito al Gobernador de Puebla; desempeñen otro cargo en materia de seguridad pública o procuración de justicia, empleo o comisión en los tres órdenes de gobierno o cuando incurran en la comisión de algún delito de los considerados graves por la legislación penal federal o local.
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No obstante, como gobernador, Moreno Valle envió una reforma en 2012 para convertir este beneficio en ley. El panista, con el voto de la mayoría del Congreso, logró que en la Ley de Seguridad quedará establecido que a cada exgobernador que lo solicitara se le dotaría de un servicio de 8 escoltas por 12 años después de haber concluido su mandato y posterior a esta fecha se redujera a 6 uniformados.
En la Ley de Seguridad se estableció que el pago para los escoltas será incluido en el Presupuesto de Egresos cada año.
De acuerdo con el diario La Jornada de Oriente, los exgobernadores que solicitaron este servicio son los últimos seis que fungieron en el cargo, desde 1981 con Guillermo Jiménez Morales, pasando por Mariano Piña Olaya, seguido del ahora senador, Manuel Bartlett Díaz, así como de Melquiades Morales Flores; Mario Marín Torres y Rafael Moreno Valle quien culminó su mandato en 2017.
