La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 81 del 2018 al gobierno de Puebla y la Secretaría de Salud estatal, esto por un caso de violencia obstétrica del que fue víctima una adolescente indígena de 16 años, quien permaneció con el bebé que esperaba sin vida en su vientre por más de 48 horas a falta de un ginecólogo.
El caso ocurrió en septiembre del 2017, cuando la menor de edad no fue atendida en el Hospital General de Cuetzalan. Por los hechos la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla inició una investigación, misma que fue atraída por el organismo nacional.
La mamá de la adolescente presentó la queja después de que el jueves 22 de septiembre del 2017 se le indicó comprar el medicamento Oxitocina para la inducción del parto y por lo que tuvo que pagar la cantidad de 150 pesos.
Dos días después, la adolescente presentó un cuadro de dolor generalizado y un médico particular le practicó un estudio de ultrasonido, el cual costó 500 pesos más a su familia; con este, supieron que el bebé ya se encontraba sin vida.
Cuando acudieron al servicio de urgencias, en el Hospital General de Cuetzalan les informaron que debido a que era domingo, no había ginecólogo ni especialista para atenderla.
“Después de permanecer en hospitalización con suero y sin alimento por dos días, la paciente fue intervenida quirúrgicamente para la extracción del óbito fetal hasta el martes 26, causando alta médica el jueves 29 de septiembre”, recalca la CNDH en el documento de la recomendación.
La menor de edad sufrió la vulneración de su derecho a la protección de la salud e interés superior de la niñez, además de que existieron omisiones de protocolo clínico e inadecuada atención médica, ya que por su edad y condición la paciente debió recibir atención prioritaria.
La CNDH presentará la queja correspondiente ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla para que inicie el procedimiento administrativo de investigación correspondiente contra el personal médico involucrado.
Además recomendó al Gobierno estatal la restitución y reparación de los daños y perjuicios que se ocasionaron a las y los afectados por las violaciones cometidas, además de inscribirles en el Registro Estatal de Víctimas, para que tengan acceso, en lo conducente, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Además, el Gobierno de Puebla deberá brindar en forma inmediata, gratuita y accesible atención médica y psicológica por personal profesional especializado, hasta que las personas agraviadas alcancen su total sanación psíquica y emocional.
