Este artículo es el tercero de una serie en donde abordaré la reforma educativa con el objetivo de informar sus particularidades y la intención de que usted mi querido lector evalúe si es correcto el discurso de que la reforma educativa, tal y como está planteada, puede impulsar a nuestras futuras generaciones hacia un futuro más preparado. En esta ocasión se analizará la ley en su sección tres que lleva por título “Del financiamiento a la educación”.
Menciona el artículo 25 que tanto la federación como los estados y municipios deben dedicar al financiamiento a la educación y en los servicios educativos una cantidad no menor al 8 por ciento anual donde además al menos el uno por ciento debe ser dirigido a la investigación y desarrollo tecnológico de las instituciones de Educación Superior Públicas.
Hay que tratar de analizar este compromiso con profundidad, ya que en un sentido estricto, esta cantidad pareciera ser suficiente para atender los compromisos adquiridos en la reforma, sin embargo debemos ser cuidadosos en su interpretación.
De acuerdo con lo mencionado por la organización México Evalúa “uno de los principales problemas del financiamiento educativo es que se dispone de pocos recursos para cubrir aspectos no-salariales” (2011), lo que deviene en el resultado esperado del pobre desempeño general del sistema educativo con respecto al gasto público, evidentemente comentarios referidos al bajo ejercicio de nuestros alumnos en las pruebas PISA presentan cierta correlación.
Uno de los principales argumentos que ha esgrimido el gobierno de Peña Nieto es que a través de esta nueva reforma, los docentes que poseían plaza ya no la pueden heredar ni lucrar con ella, y que además ya no es posible comprarle plazas al sindicato. Este argumento es atractivo desde el punto de vista práctico, ya que quienes deben estar al frente de las aulas deben ser docentes con capacidad comprobada para ejercer la profesión y no aquellos que, más allá de sus competencias docentes, tienen la capacidad de comprar una plaza laboral.
Sin embargo un aspecto que convenientemente nadie aborda, es el hecho de que la reforma exige en sus artículos referenciados con la igualdad y equidad, que es necesario que los alumnos en condiciones de riesgo o precariedad así como los que cuentan con discapacidad deben tener acceso a la educación. Lo que en consecuencia exige el desarrollo, capacitación y contratación de docentes que puedan apoyar a estos alumnos en condiciones de desigualdad. Imaginemos entonces que bajo lo requerido en la reforma, si la escuela detecta que hay un alumno sordo, este deberá estar acompañado durante su experiencia educativa en el aula por un docente quien le instruya los conocimientos de manera simultánea a la de sus compañeros.
Hace poco estuve en la Escuela Normal de Tlaxcala exponiendo este tema ante futuros maestros, una de ellas me compartió su experiencia ya que durante sus prácticas está laborando en un aula donde se encuentra un alumno con problemas de autismo, mientras que otras dos opinaron que en su caso cuentan con alumnos con síndrome de Down y mencionaron que de manera infortunada, el plan de estudios de las escuelas normales no abordan estas situaciones.
Relacionando lo anterior con el tema de la contratación y la asignación de recursos: de acuerdo con la organización Compromiso Social por la Calidad y la Equidad de la Educación, el presupuesto federal en 2017 se asignó una cantidad 14.4% menos en comparación con el 2017, siendo de acuerdo con sus autores el equivalente al 5.5% del presupuesto total. Aunque en su declaración no lo relaciona con el PIB, podemos contrastar este resultado, ya que lo empleado en este rubro fue de 4 billones 888 mil 892.5 millones de pesos, cuando el gasto real debió de haber sido –como mínimo-, de 5 billones 809 mil 214.58 millones de pesos (cifra tomada del PIB 2017 proporcionada por mi buen amigo el economista Rolando Valdez).
Además de la reducción del financiamiento a la educación del año pasado, debemos observar la aplicación de estos recursos, consideremos para esto que la mayor parte del gasto corriente en educación se destina al pago de servicios personales (sueldos y salarios) en un 83%, mientras que el resto se divide entre gastos de operación, subsidios, corrientes y de inversión. Analicemos un poco este último resultado.
De acuerdo con la estadística proporcionada por el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, el total de maestros y administrativos repartidos en los niveles básicos (preescolar, primaria, secundaria, media superior y normal) es de un millón 656 mil 564 a nivel nacional, lo que significa que en un año en promedio, un maestro o administrativo del sistema público debería ganar 2 millones 508 mil 226 pesos. El chiste se cuenta sólo cuando les preguntan a los maestros cuál es su ingreso anual.
Evidentemente ni los docentes, ni el personal administrativo, ni el personal de apoyo percibe esa cantidad como salario y la pregunta es: si aquel recurso que está etiquetado como servicios personales no lo reciben quienes están directamente involucrados en el proceso educativo entonces ¿quiénes si?. Lógicamente la respuesta es: ese dinero lo reciben quienes no están directamente involucrados en el proceso educativo, tales como personal sindicalizado, personal de enlace, burócratas y otros.
Un último punto a considerar es que si con todo esto no es suficiente, la contratación de personal docente para atender a alumnos en situaciones de desigualdad o equidad requiere nuevamente una distribución de nuevos recursos económicos mismos que, de no ser que se le retiren a todos aquellos que no participan en el proceso educativo, sencillamente no podrán ser contratados.
Este análisis se ha enfocado exclusivamente al salario, pero podemos hacer el mismo ejercicio para los compromisos adquiridos para la capacitación docente, el mantenimiento y construcción de nuevas escuelas, la atención hacia las comunidades en rezago escolar y demás aspectos que si están documentados en la reforma pero que con el actual modelo administrativo no se vislumbra una salida exitosa para su consecución.
La mala administración del recurso económico es un problema que no está previsto en la reforma educativa, no establece metodologías de control ni de revisión. En este sentido el gobierno federal falla al declarar que la Reforma Educativa debe mantenerse.