Hasta que el Consejo de la Judicatura los alcance

Cada navidad los regalos llegaban sin falta.

Los jueces y magistrados alineados, se hacían de un arcón navideño a fin de año.

La canasta o cofre estaba compuesta por varios cortes de embutidos importados y latería fina; botellas de brandy, whiskey y tequila Premium; mazapanes, turrón así como dulces y repostería que provocaban que los Godinez de menor nivel en el Poder Judicial de Puebla babearan.

El arcón iba para los meros meros.

Los empleados de más bajo nivel solamente los olían y los veían pasar.

Los secretarios de acuerdos y proyectistas quizá alcanzaban a obtener alguna de las sobras de ese arcón, enviado especialmente para los togados.

Pero, lo que en verdad hacía babear a los magistrados y jueces a los que les llegaba ese arcón, era el sobre que siempre se encontraba al fondo de la canasta o del cofre.

Dentro del sobre venía un cheque por 30 mil pesos, para el juez. O 50 mil pesos si se era magistrado.

En caso de haber tenido alguna dádiva o encargo especial, el cheque venía con su bono extra.

La oficina de la que se enviaban cada año se encuentra en uno de los pisos de las Torres JV.

Pero en esta navidad, la del 2017, ya no llegaron los arcones.

No fue miedo, fue precaución.

Pues los verdaderos dueños de esa oficina de la que salían los regalos navideños están bajo lupa. 

Ese despacho se encargaba de limpiar los fondos mal habidos por algunos de los empleados de primer nivel del Tribunal Superior de Justicia en Puebla.

Así como lo lee. Si el juez o magistrado obtenía alguna mordida iba a esta oficina para que a través de intrincados procesos administrativos y contables, generaran facturas y blanquearan el dinero.

Esa empresa es la que se encuentra bajo investigación de la Procuraduría General de la República, y por la que se inició un proceso penal por lavado de dinero en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Existen una serie de socios, directivos y empleados bajo la lupa de SEIDO.

Entre ellos se encuentran dos magistrados federales que, aunque no cuentan a primera vista con documentos formales que los liguen a esta empresa, están ya señalados por ser los principales beneficiarios.

A la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó copia del expediente contra Jaime Oropeza y Carlos Loranca.

Y de ahí derivó la investigación que inició el Consejo de la Judicatura Federal.

La cercanía con Othón Muñoz Bravo, “El Cachetes”, es un tema aparte.

La investigación ya salpicó a un magistrado y dos jueces del Poder Judicial del Estado.

Bajo lupa de la Federación está el magistrado Jared Albino Soriano Hernández, así como los jueces Alberto Bagatela Bermúdez y Venustiano Islas López.

¿El nuevo magistrado presidente, Héctor Sánchez Sánchez, por fin activará el Consejo de la Judicatura en Puebla para poner orden?

¿Seguirán llegando arcones navideños a los funcionarios del Poder Judicial en Puebla?

Hagan sus apuestas.