Durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, los defensores de los derechos humanos enfrentaron intimidación, amenazas, hostigamiento, desaparición forzada y hasta asesinatos por la oposición a la privatización del agua.
De acuerdo con el informe de Casos de Violaciones a Derechos Humanos en territorio poblano, que presentó el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana de Puebla, existen casos de violaciones de derecho al agua, al medio ambiente y al territorio en los municipios indígenas Tepatlán, Ahuacatlán, Ixtacamaxtitlán, Cuetzalan y Tetela de Ocampo.
El informe documentó la criminalización a defensores en diferentes lugares del estado, siendo los casos más graves los de Antonio Esteban, quien fue asesinado en 2014 y Manuel Gaspar en 2018 en el municipio de Cuetzalan.
Ambos realizaron acciones a favor a los pueblos y comunidades indígenas en defensa del territorio y el agua.
Por ello, la organización “Mesa de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Clínica Interdisciplinaria de Derechos Humanos”, denunció los actos de los gobiernos Peña Nieto, Moreno Valle y Gali Fayad, pues consideraron que privilegiaron sus intereses económicos antes que los derechos humanos.
Asimismo, exigieron al gobierno que inicia su gestión, que detengan la política de terrorismo que se ha presentado en Puebla y en todo el país.
“Es urgente frenar la violencia ejercida contra hombres y mujeres defensores de derechos humanos y terminar con la impunidad que gozan quienes los violentan”, declaró
Rosario Arrambide, responsable de orientación jurídica del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría.