El Congreso de Puebla aprobó una reforma a la Constitución local supuestamente para establecer como un derecho el “acceso al agua potable”, que en realidad sentó las bases para que el gobierno del estado opere el servicio en cada uno de los 217 municipios, e incluso, lo pueda privatizar.
Esta reforma, que pasó desapercibida para los medios de comunicación, fue aprobada el pasado 6 de enero en sesión extraordinaria con el voto de todos los diputados locales, incluso los partidos de oposición: PRD, Verde y PRI.
Se trata de una modificación al artículo 12 que parece inofensiva, pues en sus primeras líneas plantea: “Establecer el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.
Sin embargo, al final del párrafo se establece: “El estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”. Es decir, se sientan las bases para que el gobierno del estado tome el control del servicio de agua potable en los ayuntamientos, sin que esta decisión tenga que pasar por los Cabildos.
Esta reforma es inconstitucional, pues viola el artículo 115 de la Constitución Federal que establece que:
Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal (…) La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre ése y el gobierno del Estado”.
Pero no todo está perdido, quedan algunos días aún para que esta reforma sea rebotada, sin embargo el panorama es difícil. Al tratarse de una reforma constitucional, necesita de la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos, pero la reforma se ha tratado con sigilo para evitar que los Cabildos de los 217 municipios se pronuncien.
El artículo 141 de la Constitución señala que si pasa un mes sin que los ayuntamientos emitan una postura, se “entenderá que la aprueban”.
Esta reforma es parte del paquete de modificaciones que se han realizado en la recta final del sexenio morenovallista y que tienen el objetivo de retirar el control de los servicios públicos a los ediles.
El coordinador de los diputados locales del PAN, Jorge Aguilar Chedraui —hoy investigado por el desvío de 400 millones de pesos de la Secretaría de Salud— sentó las bases primero, para la privatización de la Ciudad Modelo de AUDI.
En 2015 presentó la llamada Ley Chedraui, una iniciativa para modificar el artículo 104 de la Constitución que abría la posibilidad de que el gobierno operara los servicios públicos de los municipios.
Tras la polémica que causó la iniciativa por vulnerar la autonomía de los municipios, decidieron modificarla y reformaron los artículos 105 y 120, que del mismo modo faculta al gobierno para la operación de servicios municipales, pero que eliminó el tema de la privatización de éstos. Sin embargo, sigue siendo inconstitucional.
Y ahora el Congreso de Puebla está por aprobar otra iniciativa para entregar al gobierno el poder para controlar y privatizar los servicios públicos en la Ciudad Modelo de Audi, que se construye en el municipio de San José Chiapa y que contemplará a Nopalucan, Soltepec, Rafael Lara Grajales y Mazapiltepec. Esta reforma fue enviada por el gobernador el 21 de enero.
PRI pide a alcaldes detener privatización de agua potable
El coordinador de los regidores de oposición en el estado, Iván Galindo pidió a los alcaldes de los 217 municipios darse cuenta de la importancia de la aprobación de la reforma y votarla en contra en sus Cabildos.
El priista refirió que muchos ayuntamientos no tienen ni idea de que tienen el poder de detener la privatización, por lo que dijo que estará pendiente de informárselos puesto que si llega el 6 de febrero y no se pronuncian, se tomará por afirmativa ficta.