La titular de la Contraloría del municipio de Puebla, Leticia Lorenzo Zamudio confirmó que hubo anomalías por parte de funcionarios de la administración Eduardo Rivera Pérez, en el proceso de entrega de licencias de funcionamiento para la instalación de las gasolineras de Othón Muñoz alias “El Cachetes”, detenido por la Marina el pasado 20 de agosto. 

Asimismo confirmó que tres de las gasolineras del empresario fueron clausuradas debido a que violaban diversas normas de Protección Civil como el cobro indebido de los baños y la falta de medidas preventivas contra incendios, y no por cuestiones relacionadas con la compra venta de gasolina robada.

En rueda de prensa, reveló que abrió una investigación en contra de funcionarios del gobierno panista pues encontró algunas “observaciones” en el proceso de entrega de permisos, aunque no especificó cúales.

Lorenzo declaró que las observaciones se hicieron a las áreas de Desarrollo Urbano y Obra Pública que estaban a cargo de Felipe Velázquez Gutiérrez, además del ex Tesorero, Manuel Janeiro. Asimismo señaló  que los actuales funcionarios de estos departamentos deberán analizar y fincar responsabilidades en caso de encontrar irregularidades.

La Controlaría inició una revisión cuantitativa como cualitativa de los documentos de expedientes con los que fueron entregados las licencias de funcionamiento. Se hicieron las revisiones a los expedientes y se notificaron las observaciones a la Tesorería de Desarrollo Urbano. Las observaciones corresponden en el tema de licencias de funcionamiento otorgadas en la administración del presidente municipal de Eduardo Rivera Pérez (…) La auditoría está abierta y de no atenderse las inconsistencias a los expedientes, se harán las sanciones a quien resulte responsable”.

Reveló que esta medida es por órdenes del presidente municipal de Puebla, Luis Banck Serrato, y por el proceso legal en contra de “El Cachetes”, preso en San Pedro Cholula por los delitos de portación y posesión ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano y por delitos contra la salud en su modalidad de posesión de estupefacientes para comercio.

La contralora explicó que en 45 días se podrá conocer si las anomalías fueron solventadas, de lo contrario, los funcionarios deberán comparecer.

De no solventarse las observaciones, inicia el procedimiento de responsabilidad. En la etapa de investigación, se les llama a comparecer, solo si no son atendidas (las observaciones)”.

 

Hay un trasfondo político: regidor

Por su parte, el regidor del PAN, Adán Domínguez acusó que este tema es un asunto político para dañar la imagen del ex alcalde Eduardo Rivera, con quien laboró en su administración como secretario particular.

En entrevista por separado, el concejal refirió que hay “un exceso de facultades” de parte de la Contraloría para fincar estas responsabilidades en contra de la administración anterior.

“Hay una falta de conocimiento y un exceso de facultades, pues la contralora sale a personificar el tema (…) al personalizar  esta información incompleta, cuando aún no se da la investigación, pareciera que es un tema político”.

Asimismo, confió que estas acciones no sean órdenes del alcalde Luis Banck pues podría ratificarse que esto es parte de una revancha política.

Confirma clausura de las gasolineras de "El Cachetes" por violar normas de Protección

La Contraloría junto con la dirección de Protección Civil y Normatividad Comercial dieron a conocer que clausuraron 3 gasolineras propiedad de “El Cachetes” por diversas anomalias en el tema de Protección Civil y no por estar relacionadas con el huachicol.

Los negocios que cerraron son:

• La estación Olxo número E11822 ubicada en Bulevar Carlos Camacho Espíritu, frente al Restaurant Bar de Las Piñas.
• La servicio Olxo 2, S.A de CV, ubicada en la Carretera Puebla-Cuantinchán con permiso número 7501
• El servicio Rápido y Furioso, SA de CV en Diagonal Defensores de la República con número 1120

Las faltas en las que incurrieron son:

• No presentaron constancias de medidas preventivas contra incendios
• No cuentan con programas internos de Protección Civil.
• Cobro indebido por uso de sanitarios.