La Fiscalía General del Estado de Guerrero giró una orden de aprehensión en contra de Nicolás Chávez Adame, dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, por haber abierto en 2014 una bodega donde se ocultaban miles de despensas donadas a los damnificados de los huracanes "Ingrid" y "Manuel".
El 13 de febrero de 2014, cinco meses después del paso de los fenómenos meteorológicos, la APPG y damnificados de la sierra, que reclamaban ayuda, descubrieron una bodega del Gobierno Estatal, que encabezaba Ángel Aguirre Rivero, donde se almacenaban en mal estado miles de despensas que habían sido donadas para paliar la crisis por el desastre natural.
En esa bodega no solo había despensa para damnificados, sino también alimentos para perros, con mensajes de aliento que nunca llegaron a su destino, y se presume que eran guardadas para ser utilizadas en campañas electorales.
Acompañado de un grupo de damnificados y con ayuda de maquinaria, Nicolás Chávez tiró la reja e irrumpió en las bodegas para exhibir a las autoridades estatales, sin que saquearan las despensas.
El entonces procurador General del Estado, Iñaki Blanco Cabrera, abrió una averiguación previa en contra del dirigente de la APPG, por Daños en Propiedad Ajena y Allanamiento, sin que se consumara la orden de aprehensión, pues abandonó el cargo, luego del caso Ayotzinapa en septiembre de ese mismo año.
Ya durante el gobierno interino, durante las negociaciones de organizaciones sociales, tras la crisis social que representó la desaparición de los 43, las órdenes de aprehensión fueron suspendidas en contra de varios dirigentes.
Sin embargo, justo cuatro años después, la órden de aprehensión en contra de Chávez Adame fue reactivada, y en su domicilio y lugares que frecuentaba se desplegaron operativos policiacos para su detención, según informó el propio dirigente.
Chávez Adame, atribuyó la nueva "embestida" gubernamental en contra del activismo, a que en los últimos meses, la Dirección Colectiva de Organizaciones que dirige, ha aglutinado varias causas, entre ellas un litigio con el Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame.
Apenas el mes pasado, en solidaridad con trabajadoras despedidas del Programa Federal Prospera, tomaron la delegación federal durante una semana, de donde fueron desalojadas por elementos de la Policía Estatal.
Este lunes organizaciones sociales, sindicatos magisteriales y mineros de Taxco, se solidarizaron con el dirigente, quien ha interpuesto un amparo ante juzgados federales, acompañado por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.