Ya pasó un año desde que la comunidad indígena de San Juan Tahitic, perteneciente al municipio de Zacapoaxtla, frenó la construcción de una planta hidroeléctrica a cargo de la empresa Gaya, subsidiaria de Ingenieros Civiles y Asociados (ICA). Este proyecto implicaba la devastación de la zona y la pérdida del río Apulco.
La intención de construir esta planta hidroeléctrica tenía como único objetivo suministrar energía eléctrica a la minera Autlán y ni siquiera pretendía dotar de luz a poblaciones de la región. El argumento fue que daría "muchos empleos a los habitantes y era necesaria su expansión y estabilidad".
En el proyecto de Gaya e ICA incluía la devastación de 246 mil 300 metros cuadrados de territorio, alrededor de 24.63 hectáreas, de las cuales más de 109 mil metros corresponden a bosques, 6 mil metros cuadrados de vegetación que se encuentra en la ribera del río y 69 mil metros cuadrados dedicados a la agricultura, lo que iba a ocasionar un daño irreparable al ecosistema de la Sierra Norte de Puebla.
Ante la devastación de sus tierras, la comunidad indígena levantó la voz, se organizó y amparada bajo el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989, echaron abajo el proyecto, argumentando que las obras ponen en riesgo sus vidas y tradiciones.
Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”, dicta el numeral mencionado.
Y es que Gaya solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) permiso para la realización de estos proyectos desde el 25 de noviembre de 2014, sin notificar o comunicar a los pobladores de San Juan Tahitic su intención de devastar las tierras serranas.
La comunidad de San Juan Tahitic recibió el apoyo del diputado de MORENA, Rodrigo Abdala y presionaron a la Semarnat para negar los permisos. En febrero de 2016, la empresa volvió a solicitar el aval para la instalación de su proyecto hidroeléctrico.
En respuesta, el 23 de marzo del mismo año, la población de San Juan Tahitic en compañía del diputado Rodrigo Abdala solicitaron al Cabildo de Zacapoaxtla y a la Semarnat negar cualquier autorización de este tipo de proyectos, denominados "proyectos de muerte" en ese municipio.
Unos días después, el presidente municipal de Zacapoaxtla, Guillermo Lobato Toral se comprometió con los habitantes a negar permisos y decretó que quedaban prohibidos todos los proyectos hidroeléctricos en la cabecera municipal. Esto quedó asentado en el punto 3 del acta de Cabildo del 28 de marzo de 2016 y
El documento oficial fue firmado por el presidente municipal, los regidores, síndico municipal, 6 presidentes auxiliares y 22 jueces de paz. Este movimiento finalmente echó abajo el intento de construir la hidroeléctrica en la zona.