Seis instituciones de educación superior encabezadas por el Tec de Monterrey y la UPAEP, así como el Centro Empresarial de Puebla (Coparmex) demandaron a la justicia federal echar abajo las sanciones que el Congreso del estado impuso al ex presidente municipal de Puebla Eduardo Rivera Pérez, porque se trata de una persecución política.
Dicha resolución deja mucho que desear por la falta de apego a derecho que se percibe, dañando la credibilidad de las instituciones y generando desconfianza en la forma de impartir justicia en nuestro estado”, manifestaron.
Los firmantes del pronunciamiento son el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), la Universidad Iberoamericana, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), la Universidad Anáhuac, la Universidad Madero y la Coparmex.
El viernes pasado, 33 diputados aprobaron inhabilitar a Eduardo Rivera para que no pueda ocupar cargo en la función pública durante 12 años y le aplicaron una sanción económica de 25 millones 597 mil pesos.
Con base en un informe que elaboró la Auditoría Superior del Estado (ASE), organismo que encabeza David Villanueva Lomelí, el Congreso responsabiliza al ex munícipe del PAN de incurrir en una deficiencia administrativa de 12 millones 798 mil pesos y un daño patrimonial por el mismo monto.
Defendemos a Rivera y a la ley, aclaran
Las seis instituciones de educación superior y la Coparmex fijaron postura tras conocer el expediente de la cuenta pública 2013, que Eduardo Rivera anunció que les entregaría para transparentar el proceso administrativo de determinación de responsabilidades que le inició el Congreso en diciembre pasado.
Las universidades y el organismo empresarial explicaron que no sólo se encuentran interesadas en defender a una persona, sino también defender el Estado de derecho.
Defenderemos la legalidad en el actuar legislativo que debiera prevalecer sobre cualquier interés, de forma que los procedimientos se rijan por los mismos criterios para cualquier servidor público”, destacaron.
Advirtieron que seguirán el proceso jurídico que iniciará Eduardo Rivera contra el Congreso.
Confiamos en la imparcialidad y apego a la ley por parte de las instancias federales, para que este asunto siente un precedente e impulse la correcta aplicación de la justicia en Puebla y el país”, enfatizaron.