A través de un punto de acuerdo, los diputados federales del Revolucionario Institucional solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que revise el caso del ex edil de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez, preso político del gobernador Rafael Moreno Valle, ya que de manera arbitraria se le podría imputar otro delito para que no salga en libertad.
En el posicionamiento firmado por los diputados poblanos del PRI Xitlalic Ceja, Víctor Manuel Giorgana, Graciela Palomares, Alejandro Armenta, Juan Manuel Celis, Jorge Estefan Chidiac, Edith Villa, Hersilia Córdova, Lorenzo Rivera y Carlos Barragán, también piden que la Procuraduría General de la República (PGR) inicie las investigaciones correspondientes por el posible abuso de autoridad en contra de Pérez Velázquez, quien fue encarcelado por negarse a que la Secretaría General de Gobierno absorbiera el servicio del Registro Civil y se concesionara el servicio de agua potable.
Además, los priistas asentaron en el documento que Raúl Pérez Velázquez tiene tres procesos penales en contra: el 441/2014, por el robo de un celular y abuso de autoridad; el 498/2014, por lesiones y abuso de autoridad, y el 484/2014, por el delito de peculado.
Cabe señalar que los representantes legales del ex alcalde promovieron el amparo 135/2015, y el Juzgado Sexto de Distrito concedió y ordenó el auto de formal libertad. A pesar de que el Ministerio Público, adscrito al Juzgado Primero de lo Penal, emitió el recurso de revisión D-262/2015 para echar abajo la liberación de Raúl Pérez Velázquez, esta no trascendió.
De acuerdo con e-consulta, el pasado lunes 19 de octubre se dio a conocer que aunque se le notificó al Juzgado Primero de lo penal liberar a Pérez Velázquez en un lapso no mayor a tres días, custodios del penal de San Miguel le dijeron al ex edil que “sembrarán” algún objeto prohibido en su celda para que se abra un nuevo proceso en su contra y siga en prisión.
Por lo anterior, los legisladores priistas arremetieron en contra del secretario de Gobernación municipal, Mario Rincón González, al decir que su encomienda es "mantener preso al Edil Auxiliar de Canoa, por no coincidir con las políticas de despojarlos de todos los servicios como el del Registro Civil”.
Tras lo anterior, los priistas solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que haya visitadores en las revisiones que se hagan, y que la Corte se involucre en el caso.
El pasado 28 de septiembre los diputados poblanos federales del PRI, encabezados por Xitlalic Ceja García, anunciaron que presentarían un punto de acuerdo ante el Pleno del Congreso de la Unión para exhortar al gobierno de Rafael Moreno Valle a que resuelva conforme a derecho el conflicto que se vive en la junta auxiliar de San Miguel Canoa.
Cabe recordar que Pérez Velázquez fue acusado por un empleado de la empresa Concesiones Integrales, la cual actualmente opera el Soapap. El expediente contra el edil de Canoa nace a raíz de que el 18 de octubre, junto con otras personas, bloqueó el paso a un vehículo de la empresa en el que viajaban el denunciante y otros empleados de la concesionaria encargada del servicio de agua potable en la capital.