Con la inminente designación de Víctor Carrancá como titular de la nueva Fiscalía General del Estado el gobernador Rafael Moreno Valle se convertirá en el dueño de la procuración de justicia en Puebla hasta siete años después de su gobierno. La iniciativa contiene una serie de candados jurídicos para evitar la remoción de Carrancá pues será necesaria la aprobación del Congreso morenovallista.

De acuerdo con la reforma a la Constitución quien asuma el gobierno del estado en 2016 y quiera remover al Fiscal General deberá contar con los votos de las dos terceras partes del Poder Legislativo, sin embargo la mayoría de los diputados son afines a Rafael Moreno Valle y terminan su cargo hasta 2018.

A pesar de que la reforma señala que el fiscal será designado por el Congreso local, los artículos transitorios de la reforma establecen que por única ocasión quien actualmente es titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Víctor Carrancá, será nombrado en automático fiscal General del Estado.

“El Procurador General de Justicia que se encuentre en funciones al momento de entrar en vigor las presentes reformas, quedará designado por virtud de este Decreto, Fiscal General del Estado por el tiempo que establece el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la fracción IV del mismo artículo”.

Destaca el hecho de que la iniciativa, que puede ser consultada en la página oficial del Congreso de Puebla, es presentada por todas las fracciones parlamentarias, incluso el PRI, no obstante al calce del documento no aparecen las firmas de los legisladores.

Colocan candado para que Carrancá sea INAMOBIBLE

Los legisladores colocaron una serie de candados para evitar que al menos el nuevo gobernador de Puebla, quien asumirá el cargo en 2016 por un lapso de un año ocho meses, remueva a Víctor Carrancá de la Fiscalía General del Estado.

El artículo 97, fracción IV, establece que si el Ejecutivo quiere cambiar al Fiscal General la decisión puede ser objetada de inmediato por el Poder Legislativo. El morenovallismo tendrá poder sobre la decisión de quién es el Fiscal al menos hasta 2018 pues la mayoría de los diputados locales son afines a Rafael Moreno Valle.

“El Fiscal General del Estado podrá ser removido por el Ejecutivo por las causas graves que establezca la Ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso, dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General del Estado será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción”, señala la reforma.

Tortuoso el proceso para nombrar al Fiscal General

El proceso para nombrar al Fiscal General es largo y tortuoso. La reforma establece que el Congreso local tendrá que hacer una lista de 10 candidatos, enviarla al gobernador para que elija una terna, y después los legisladores determinarán quién de esos tres asumirá el cargo.

En caso de que los diputados se nieguen a enviar la lista de 10 aspirantes, el gobernador en turno podrá enviar una terna a su elección para que dé entre ellos los legisladores designen al Fiscal.

Mientras se lleva a cabo este proceso el Ejecutivo está facultado para designar libremente un Fiscal provisional.

Sin embargo esto no se llevará a cabo al momento de la creación de la Fiscalía, pues en los artículos transitorios queda asentado que Carrancá asumirá por derecho el cargo como Fiscal General.