El PAN presentó ante el Congreso de Puebla la iniciativa de Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado, en la cual se establece que a partir de enero de 2017 la Auditoría Superior del Estado (ASE) estará obligada a hacer públicos en sus sitios web los dictámenes de las cuentas públicas del gobernador y demás sujetos de revisión.
La propuesta fue presentada por la presidenta de la Comisión Inspectora, Patricia Leal Islas, la cual sustituye a la actual Ley de Fiscalización y establece los lineamientos para que la ASE audite la deuda estatal y las participaciones federales que recibe la administración estatal.
Esta legislación forma parte de las leyes complementarias del Sistema Estatal Anticorrupción que recientemente fue aprobado en el Congreso Local.
El documento establece nuevas facultades para la Auditoría a cargo de David Villanueva Lomelí, pues además de las tareas de fiscalización que incluye el poder solicitar información a terceros que sean contratados para obra pública por las administraciones públicas, podrá multar con cerca de 75 mil pesos a los sujetos que no entreguen la información o acaten los requerimientos.
Aunado a ello, el organismo podrá solicitar información reservada a los gobiernos estatales y municipales, la cual no podrá ser incluida en los dictámenes finales.
Para efectos de esta fracción, la Auditoria Superior del Estado podrá́ fiscalizar las operaciones que involucren recursos de la hacienda pública estatal o municipal a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos del Estado y los Municipios, entre otras operaciones”.
Cuentas públicas y la fiscalización de la deuda
El ordenamiento que entrará en vigor en enero de 2017. Tal y como está marcado en su primer artículo transitorio, expone que el gobierno estatal debe entregar su cuenta pública al Congreso a más tardar el último día hábil de abril del año siguiente a la conclusión del ejercicio fiscal, documento que será remitido a la ASE:
En tanto que los ayuntamientos también tienen ese mismo plazo para entrega su estado financiero, con la diferencia de que tendrán que remitirlo directamente a la Auditoría.
Una vez que la ASE reciba las cuentas, tendrá un plazo de 12 meses para emitir un fallo en torno a la información proporcionada, con la posibilidad de recibir una prórroga de 5 meses.
Tal y como se estableció en la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, la ASE podrá fiscalizar la deuda pública, fideicomisos, participaciones federales o subsidios, así como solicitar información que se encuentre reservada.
Fiscalizar los subsidios, transferencias, ayudas, donativos y apoyos que las Entidades Fiscalizadas hayan otorgado con cargo a su presupuesto a particulares y en general, a cualquier entidad pública o privada, cualesquiera que sean sus fines y destino, así́ como verificar su aplicación al objeto autorizado”.
En el caso de la deuda pública se revisará la contratación de los créditos, revisar que el pasivo sea inscrito en el registro público que marca la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios; además de revisar el ejercicio de los recursos procedentes de la deuda.
En caso de que la Auditoría encuentre irregularidades, tendrá que informar al Tribunal de Justicia Administrativa y presentar ante la Fiscalía General del Estado las denuncias penales correspondientes.
Publicación de dictámenes
En el artículo 56 de la propuesta de Ley de Rendición de Cuentas se establece que una vez que la ASE emita los dictámenes de las cuentas públicas, éstos tendrán que publicarse en su sitio web para la consulta de los ciudadanos.
El Congreso del Estado remitirá́ copia de los Informes Generales correspondientes al Comité́ Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y al Comité́ de Participación Ciudadana”.
Los reportes incluirán invariablemente los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública estatal o municipal o al patrimonio de las Entidades Fiscalizadas, derivados de la fiscalización de las Cuentas Públicas y en un apartado especial, la atención a las recomendaciones, así́ como el estado que guarden las denuncias penales presentadas y los procedimientos de responsabilidad administrativa promovidos”.