Más de 100 organizaciones no gubernamentales del país agrupadas en la Red Retoño exigieron que se active la Alerta de Género en Puebla y se investiguen de manera exhaustiva los últimos feminicidios registrados en el estado.
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En un comunicado a través de su página web también solicitan que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) investigue la omisión de la Fiscalía General del Estado en la investigación de los casos. Además exigen a los funcionarios públicos poblanos evitar “declaraciones públicas que responsabilicen a las víctimas y basadas en estereotipos de género”.
De acuerdo a los señalado por la red de organizaciones, Puebla se coloca en el noveno lugar en feminicidios y segundo sitio en trata de mujeres a nivel nacional de acuerdo a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las mujeres y Trata de personas de la PGR (FEVIMTRA) así como en el primer lugar en casos de mujeres desaparecidas de acuerdo a la Fiscalía de Personas Desaparecidas.
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Además, la Red Retoño destaca que la desaparición en Puebla de Karla Mireya García Paredes y su asesinato en Tlaxcala, “demuestra la trascendencia de la ausencia en la colaboración y voluntad de los gobiernos de Puebla y Tlaxcala”, donde se ubica parte importante del corredor de trata de personas en el centro del país.
…Persiste la negativa del Gobierno del Estado de Puebla en reconocer el problema e implementar la Alerta de Violencia de Género, no obstante que desde 2013 se cuenta con el tipo penal de feminicidio, existiendo únicamente una sentencia al respecto. A su vez en 2015 se tipificó del delito de ‘tentativa de feminicidio’ cuando una mujer es golpeada al menos en dos ocasiones por un hombre y sus heridas tardan en sanar 15 días o ponen en peligro su vida”, criticaron las organizaciones.
Según la Red Retoño, tanto el Gobierno del Estado, como la Fiscalía General de Puebla deben enviar un mensaje claro y contundente sobre la nula tolerancia a la violencia de género en ninguno de sus tipos y modalidades.
La Red Retoño agrupa desde el 2015 a más de 100 organizaciones sociales que buscan generar una estrategia nacional de respuesta, información y presión a los gobernantes frente al impacto de la delincuencia organizada en nuestro país, mediante el fortalecimiento, diversificación y generación de nuevas acciones a favor de víctimas y grupos vulnerables.