Académicos y activistas de la Universidad Iberoamericana (UI) exigieron a la Secretaría General de Gobierno (SGG) que de un cumplimiento real y “no sólo administrativo” a las recomendaciones que dio la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) antes de emitir la Alerta de Género ante la ola de feminicidios en la entidad.

María del Carmen Flores, abogada y docente de la institución jesuita hizo análisis de las 11 sugerencias que hicieron al gobierno poblano y aclaró que “su punto de vista”, lo que se han hecho son sólo trámites “administrativos”.

Ya hay campañas de prevención en los medios de comunicación pero en la capital, pero no se conoce el alcance y sus resultados. No se ve un impacto en la sociedad, no es algo medible, no se sabe si las mujeres van a denunciar”, citó por ejemplo.

A través de solicitudes de información, reveló que el Tribunal Superior de Justicia de Puebla  no tiene una cifra clara de las sentencias que se han dado con una perspectiva de género además de que se ocultan los detalles de los convenios que firma la SGG con instituciones privadas y universidades con respecto a dicho tema.

Mientras que tampoco existe una capacitación a los medios de comunicación para que la información se dé con perspectiva de derechos humanos y aún no se consolida un observatorio de instituciones educativas que vigile la publicación de los diarios electrónicos así como impresos.

En su participación en el foro: ¿Qué hacer para erradicar la violencia de género?, la litigante declaró que las capacitaciones que se da a los empleados de gobierno son muy generales:

Se habla de género, de perspectiva, derechos de las mujeres, pero no se están dando los estándares internacionales en materia de salud, educación y no existe una área de derechos humanos”.

¿Y los protocolos internacionales?

Rosario Arrambide González, responsable de Orientación Jurídica y Sicológica del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) señaló que el gobierno del estado debe de mejorar los protocolos internacionales en materia de prevención a la violencia y atención a las víctimas.

“Qué las víctimas no sean las que están detrás del ministerio público dando las pruebas, en la que la autoridad sea la primera en investigar la desaparición (…) en una investigación las autoridades no deben de poner obstáculos, sino tomar la denuncia para conocer que está pasado, eso no sucede, siempre se les dice a las mujeres que si denuncian a su pareja, se van a quedar sin su pensión”.

La académica recomendó al Congreso Local realizar modificaciones no sólo al acceso de leyes de la protección y la violencia familiar, sino también a mejorar el protocolo de investigación del feminicidio, el Código Civil y la trata de personas.

En el caso de la trata de personas informó que debe de homologarse con el “Protocolo Palermo” de la Convención de las Naciones Unidas y los principios de la ONU, en la que se dan pautas para identificar el delito. Además del Código Civil en la que se dé entrada al matrimonio entre personas del mismo sexo además de la tipificación del estupro, para qué desde los 16 años se sancione penalmente a las violaciones de menores de edad.

Otras de las reformas que se solicita al gobierno, son establecer actos de reparación de daño a la víctima, el acceso a la justicia y la asistencia integral a las familias”.

Mientras, en el caso de la violencia, pidió que se valore la frecuencia de las agresiones, el perfil del agresor y un análisis de los factores de discriminación por lo que se dieron los hechos, mismos que deben ser consultados por las averiguaciones previas de las víctimas.

Gobierno no tiene una base de datos de violencia

Por su parte, Natalí Hernández Arias, fundadora del Centro de Análisis Formación e Iniciativa Social (CAFIS) aseguró que el gobierno del estado no tiene una base de datos con respecto a la violencia de género.

Asimismo, aprovechó el escenario para presentar el estudio "Los feminicidios en Puebla: tipificación, contexto social y servicios públicos" en el que se hace un análisis de 149 asesinatos de la entidad.

Reveló que el 73 por ciento de las asesinadas  tiene conocimiento de la relación de la víctima con su agresor y se estima que 5 de cada 10 mujeres perdieron la vida en manos de su ex y/o pareja sentimental.

VER: De 2013 a 2015 hubo un feminicidio por semana en Puebla: CAFIS

Además que el análisis se hizo sin recursos del gobierne estatal o municipal, quienes de debieron desde sus dependencias tener un diagnóstico en la materia.

Hernández recordó que en 2011 enviaron por escrito al gobernador Rafael Moreno Valle para que en su administración realizará un estudio sobre el panorama de violencia en la entidad y que

¿Cómo se está preparando Antonio Gali?

Carmen Flores, docente de la UI aseguró que el gobierno de Antonio Gali no se está preparando para atender la problemática.

No se ha presentado nadie de la siguiente administración en las capacitaciones o firmas de acuerdos, su gobierno (de Gali) es la que debe de darle continuidad a todos los convenios que se están realizando. Hacemos un llamado para que se sume al gobernador electo y a su esposa Dinorah López”.  

La académica refirió que el estado debe de garantizar que las mujeres vivan libres de violencia y que destine los recursos necesarios para implementar políticas públicas que prevengan los feminicidios.