La administración del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, permitió que operaran con plena libertad los atacantes que emboscaron a una caravana de ayuda humanitaria que se dirigía a la región indígena Triqui, y de la que resultaron muertos dos defensores de derechos humanos, la mexicana Bety Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola.
El día del crimen, el 27 de abril de 2010, tres comandantes de la Policía Estatal estaban en posibilidades de auxiliar a la caravana atacada, uno de ellos recibió la orden de regresar a su comandancia cuando ya estaba en camino y los otros dos no llegaron sino hasta un día después del crimen, aunque ya sabían que había personas lesionadas, según el expediente de investigación del caso.
A seis años de los homicidios, de los 13 acusados sólo cuatro están detenidos, el más reciente, fue capturado en abril de 2016. A pesar de la presión de los familiares de las víctimas, del gobierno de Finlandia y de eurodiputados, el juicio ni siquiera ha comenzado.
El centro ceremonial Triqui de San Juan Copala pertenece al municipio de Santiago Juxtlahuaca, en Oaxaca. Desde 2014 su agente municipal es Antonio Cruz Merino, hijo de Antonio Cruz Martínez, apodado “Pájaro”, ambos están acusados y tienen orden de aprehensión por los asesinatos. Padre e hijo siguen libres.
Mientras tanto, los Cruz mantienen el control del centro ceremonial Triqui cobijados por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), organización política que gestiona recursos públicos para sus agremiados y que ya anunció su apoyo político al partido Morena, como antes hicieron con el PRD y candidatos del PRI.
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Según el investigador Francisco López Bárcenas, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el derramamiento de sangre de la etnia Triqui, originaria de Oaxaca, puede rastrearse desde la época de Independencia, pasando por su lucha en la Revolución Mexicana y hasta el bombardeo sobre sus casas a manos del ejército mexicano a mediados del siglo XX.
“Aquí, los Triquis como deportes sólo practican el basquetbol y andar matando”, dijo un joven originario de La Cumbre Yerbasanta, en una de las comunidades que forman parte de la etnia. Cada comunidad está dirigida por líderes llamados Agentes Municipales, aunque legalmente dependen de tres municipios: Santiago Juxtlahuaca, Putla y Constancia del Rosario.
San Juan Copala es el centro ceremonial de la etnia Triqui; todos los lunes, sus miembros acuden desde los alrededores principalmente para comerciar. Ese centro perdió el estatus de municipio en 1948, cuando se dividió y se anexó al territorio del municipio de Santiago Juxtlahuaca, entre violencia y conflictos armados por las tierras de esa zona, explica el mismo López Bárcenas.
Las pugnas con terratenientes y las luchas internas entre comunidades hicieron que los Triquis se agruparan en distintas asociaciones, el Club en los años setenta, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) en 1981 y la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) en 1994, todos con demandas similares: reconocimiento de su territorio y la atención de los gobiernos hacia sus poblaciones.
El gobierno federal no ignoraba estos conflictos, al menos, desde 1975, según un informe desclasificado del Archivo General de la Nación para esta investigación, y redactado por la principal corporación de inteligencia de la época, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que recibía reportes de los mestizos de la zona que acusaban a los Triquis de oponerse a ellos “por medio de las armas” cuando reclamaban terrenos.
Sobre la repartición de las tierras, “el gobierno no dio la razón a ninguna parte y el problema siguió manifestándose de diversas maneras”, señala el investigador López Rosas.
En los años recientes, los problemas sobre tierras ha derivado en pugnas entre organizaciones que compiten por tener el control del territorio. Cada organización controla cierta comunidad y no hay libre tránsito entre ellas, pues solamente están “autorizados” a pasar a cada zona los originarios del lugar y las personas que pertenecen a la organización que la controla, según se pudo constatar en una reciente visita de Aristegui Noticias a esa región.
Con el paso de los años, estas organizaciones además de sumar gente y territorio, han sumado capital político que pueden negociar con partidos políticos como PRI, PRD o Morena.
Aunque a Ubisort se le relaciona con los gobiernos del PRI y al MULT con partidos de izquierda, ambas organizaciones han intercambiado miembros y han hecho pactos electorales con partidos de todas las ideologías, al mismo tiempo que gestionan obras en sus comunidades.
Uno de los momentos de mayor agitación en la región Triqui comenzó después de 2006, cuando una de sus organizaciones apoyó las manifestaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), una insurrección estatal que había comenzado con demandas de profesores y cuyas demandas escalaron hasta exigir la destitución del gobernador Ulises Ruiz.
La organización que había estado en las revueltas era una escisión del MULT, llamada Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente (MULT-Independiente), la misma que inició el proyecto del llamado Municipio Autónomo de San Juan Copala.
A principios de 2007, MULT-Independiente y parte de las comunidades de Ubisort, instauraron el proyecto de autonomía para San Juan Copala, con la visión de separarlo de Santiago Juxtlahuaca y llamarlo Municipio Autónomo.
El 1 de enero de 2007, nació el “Municipio Autónomo de San Juan Copala”. Alberta Cariño, conocida como Bety, accedió a montar una radio comunitaria en el nuevo municipio, pero no era la primera vez que lo hacía, Bety montaba radios comunitarias a través de su Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus). La radio para San Juan Copala se llamaría “La voz que rompe el silencio”.
Su pareja y padre de sus dos hijos, Omar Esparza, también apoyó al municipio con proyectos productivos, a través de la organización que dirigía, Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ). Ambos eran originarios de Puebla, pero tenían una intensa relación con las comunidades indígenas de Oaxaca por su trabajo como líderes de organizaciones civiles, que les habían llevado a participar en las manifestaciones de 2006, junto con la APPO.
Todo parecía marchar bien en el nuevo Municipio Autónomo, aunque tuvo adversarios en varios frentes. Desde legisladores federales, hasta las otras organizaciones Triquis que mantenían el control en las zonas aledañas. MULT, y la fracción de Ubisort que no se sumó al proyecto, porque –dijeron–, no fueron consultadas.
En 2009 empezó el fin del proyecto, cuando organizaciones contrarias sitiaron el lugar, instalando retenes armados a la entrada y salida de San Juan Copala, los habitantes quedaron atrapados entre disparos que venían desde los montes, de acuerdo con relatorías de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos.
El sitio comenzó el 28 de noviembre de 2009, cuando miembros armados de Ubisort impidieron que un grupo de campesinos de Atenco, Estado de México visitaran San Juan Copala, invitados por los dirigentes del Municipio Autónomo.
Los de Atenco no pudieron pasar más allá de una comunidad cercana a San Juan Copala. Los hombres de Ubisort amenazaban con disparar si avanzaban más. Ese mismo día hubo disparos hacia el centro del Municipio Autónomo, se reportó la muerte de un niño y las escuelas del lugar decidieron suspender las clases, de acuerdo con una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Desde entonces, las salidas del corazón de la región Triqui estaban asediadas por tiradores escondidos entre los matorrales. Al norte, por la comunidad de La Sabana que controlaba Ubisort; al sur, por la comunidad de El Rastrojo, bastión del MULT. El centro de operaciones del Municipio Autónomo estaba sitiado, sin posibilidad de llevar comida y transitar libremente. 39 personas serían asesinadas desde que se instauró el sitio a San Juan Copala y hasta el 31 de diciembre de 2010, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Cinco meses después del sitio, una caravana de ayuda humanitaria se aventuró a llevar víveres a los habitantes atrapados en San Juan Copala. Bety Cariño y su pareja Omar Esparza convocaron a maestros de la APPO, defensores de derechos humanos de México, Alemania, Bélgica, Italia y Finlandia, según las distintas declaraciones que dieron a las autoridades después que fueron emboscados, a participar.
La emboscada
La mañana del 27 de abril de 2010, más de 20 personas partieron de Huajuapan, Oaxaca a San Juan Copala. Les esperaban tres horas de camino si querían entregar los víveres. Al frente iba una camioneta blanca Ford Econoline, en la que viajaron Bety Cariño y Jyri Jaakkola, un activista finlandés de 33 años que visitaba Oaxaca como parte de su trabajo en la organización Viento Nuevo.
Maestros de la APPO, otros defensores de derechos humanos y dos periodistas de la revista Contralínea seguían el paso de la camioneta. Todos salieron antes de las 11 de la mañana, según el expediente de la averiguación.
El esposo de Bety, Omar, seguía a la caravana desde atrás en un auto Shadow oscuro. Decidiría si entrar o no cuando estuviese cerca de llegar, porque un día antes el líder de Ubisort, Rufino Juárez, había dicho a una radiodifusora local que no se haría responsable de lo que pudiera pasarle a los activistas si insistían en penetrar el poblado de San Juan Copala. Omar era quien había tenido mayores fricciones con los líderes Triquis de Ubisort y MULT, y temía ser también el más visible. Omar no entró y decidió esperarlos a unos kilómetros antes de llegar, dijo a Aristegui Noticias.
La caravana siguió hasta que unas piedras colocadas en el camino les impidieron avanzar.
Según el relato de los hechos recabados por la Procuraduría de Oaxaca, un grupo de hombres encapuchados salió de entre los matorrales que bordeaban el camino. La camioneta intentó echarse en reversa, pero los autos que venían atrás –y que formaban parte de la caravana– se lo impidieron. Entonces comenzaron a recibir disparos. Una bala impactó la cabeza de Bety. Por unos instantes, Jyri sostuvo el cuerpo sin fuerzas de Bety, todo siempre de acuerdo con las declaraciones juradas de los testigos que están en en el expediente.
Después, otra bala alcanzó la cabeza de Jyri y no pudo sostener más a Bety. La caravana quedó varada cerca de la comunidad de La Sabana, a unos metros de San Juan Copala, donde los dos cuerpos quedaron tendidos hasta el día siguiente, cuando entró una delegación de la policía estatal en Santiago Juxtlahuaca, según dijo el comandante delegado en ese lugar, Ranulfo Méndez.
La versión del comandante de Juxtlahuaca la confirma un parte informativo que envió el también comandante Amando Cruz, pero de una región cercana, Huajuapan, a la Procuraduría General de la República (PGR), en el que dijo que el gobierno estatal no mandó elementos sino hasta un día después:
Lee la investigación completa en Aristegui Noticias