¿Había México atravesado por un periodo de tanta corrupción y autoritarismo? Posiblemente, pero las cifras tal como las conocemos en términos de endeudamiento local y malversación de fondos parecen no tener precedentes. Lo mismo si miramos por ejemplo las violaciones a la libertad de expresión que se dispararon desde el inicio del sexenio. ¿Tiene algo que ver un tema con el otro? Sin forzar la cuerda hay una correlación que a continuación describo.
La exposición que han tenido los diferentes actos de corrupción de los últimos años se debe al trabajo periodístico de muchos comunicadores que con rigor realizan investigaciones de fondo y que documentan detalladamente los mecanismos con los que funcionarios públicos saquean recursos públicos. No es coincidencia que, como lo señala el estudio Anatomía de la corrupción, a cargo de la Dra. María Amparo Casar, del 2009 a la fecha se incrementaron de 500 a 4000 las referencias a corrupción en medios periodísticos.
La violencia contra periodistas ha crecido a tal grado que, de acuerdo con las cifras de la organización civil Artículo 19, cada 26 días se asesina a un compañero del gremio. Hasta junio de este año documentaron 218 agresiones. La temática de los periodistas que reciben más ataques versa sobre la cobertura de movimientos sociales que en su mayoría denuncian casos de impunidad y reclaman justicia transparencia en el uso de recursos públicos. Los agresores más comunes son los servidores públicos.
No es coincidencia que este año la Ciudad de México en donde los periodistas dan seguimiento mayoritariamente a temas nacionales tenga el primer lugar de agresiones con 31 ataques. Le sigue el estado de Veracruz con 28, Oaxaca con 27 y Puebla con 15. Comunicación e Información de la Mujer CIMAC, una organización que documenta las agresiones contra las mujeres periodistas muestra que entre 2014 y 2015 las entidades en las que más se agredió al as mujeres periodistas fueron: Veracruz en el primer lugar, seguido por la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Colima, Tamaulipas.
SinEmbargo publicó el fin de semana una nota sobre los ocho gobernadores corruptos del país. Algunos de ellos ya han dejado el cargo. Los enlisto de nuevo: Javier Duarte de Veracruz, Roberto Borge de Quintana Roo, César Duarte de Chihuahua, Jorge Herrera de Durango, Egidio Torre de Tamaulipas, Rodrigo Medina de Nuevo León, Humberto Moreira de Coahuila, todos ellos del PRI adempas del panista Guillermo Padrés de Sonora. Mientras el ex Gobernador panista es el único detenido, ninguno de los gobernadores del PRI ha sido indiciado todavía. Goza del mismo buen trato el panista Rafael Moreno Valle quien está por dejar el gobierno de Puebla sin haber sido perseguido a pesar de que ha sido señalado por organizaciones sociales y oposición de promover la opacidad de las finanzas públicas, el espionaje de sus enemigos políticos y generar una cultura de enriquecimiento para amigos y empresas foráneas.
Entre los gobernadores del PRD también hay acusaciones contra el gobernador de Oaxaca Gabino Cué, quien fue candidato en coalición con el PAN. Se le ha acusado de realizar movimientos financieros injustificados y de haber permitido que su colaborador Jorge Castillo amase una fortuna de más de 7 mil millones de pesos, ganando un sueldo de 12 mil pesos mensuales.
En el largo camino de combate a la corrupción la mayoría de los actos fraudulentos, de peculado y abuso de autoridad han sido denunciados por los medios. El nivel de atención que se ha puesto a estas denuncias por parte de las autoridades correspondientes es diverso y desproporcionado en cada caso. Lo que es un hecho es que la movilización ciudadana para evidenciar hechos de corrupción se ha ido incrementando. En paralelo crece la represión gubernamental para bajar el impacto de estas movilizaciones y silenciar su cobertura.
Gobernadores como Javier Duarte, Roberto Borge y Moreno Valle manipularon a sus congresos locales para blindarse con fiscalías post sexenales que controlarían las investigaciones sobre sus actos de gobierno. Lo mismo hizo el gobierno federal que, con fundamento en dos transitorios (decimosexto y decimonoveno del artículo 102 de la Constitución), tiene ahora la decisión legal de decidir quién será el Fiscal General de la República y la transferencia implícita de los recursos financieros, humanos y materiales de la PGR a la Fiscalía para los próximos 10 años.
No faltarán movimientos sociales que empujen la competencia de los mejores perfiles y la deliberación legislativa, tanto del proceso de designación de la cabeza como de la ingeniería institucional de la nueva Fiscalía. En caso de que el gobierno federal quiera diferenciarse de los hoy señalados como gobernadores corruptos, deberá mostrar que un blindaje como ese más que reducir, abona al saqueo y al autoritarismo.