Manuel Bravo, director de Monsanto en Latinoamérica, declaró que una vez que se resuelvan los problemas legales que la compañía enfrenta en tribunales (Demanda Colectiva del Maíz, Expediente Maíz) el tema será parte de la agenda de la actual administración. “El Gobierno ha sido muy claro de lo importante de estas tecnologías en el campo”.
Un de las reformas estructurales pendientes del presidente Enrique Peña Nieto es la modificación legislativa para “mejorar” el campo mexicano.
En marzo de 2014, instruyó a la SAGARPA, (Secretaría de Agricultura) a que realizara foros nacionales y regionales con académicos, organizaciones sociales y privadas para “debatir” la nueva política agroalimentaria.
Monsanto y Sagarpa han sostenido pláticas sobre el uso de los transgénicos en cultivos con la finalidad de echar a andar en potencial del campo mexicano, “Por la abrumadora informacióncientífica que habla (a favor) de estas tecnologías estamos seguros de que se va a favorecer a los productores con la posibilidad de tener esta opción y competir cara a cara con los productores de otros países” afirmó Bravo.
La siembra de maíz transgénico en México se encuentra momentáneamente suspendida, con 27 permisos detenidos gracias a la Demanda Colectiva.
Monsanto ha generado un rechazo en numerosos países. En mayo de 2013 hubo manifestaciones en 436 ciudades de 52 naciones que se oponían a que implementara la siembra de organismos genéticamente modificados. En México, el 73,9% de la población considera que el consumo frecuente de alimentos genéticamente modificados puede ser dañino para la salud, según una encuesta del INEGI.
Según el director de Monsanto en Latinoamérica, en cerca de 30 países se utilizan favorablemente estas tecnologías “En México que exportamos 10 millones de toneladas de grano al año, todo bio tecnológico de Estados Unidos, es clara la necesidad de darle la oportunidad a los agricultores mexicanos de usarlas, en lugar de estarle pagando 50.000 millones de pesos al año a productores norteamericanos”, expresa.
En agosto pasado se pronunciaron en contra del maíz transgénico porque consideran que el cultivo de estos productos atenta contra la diversidad de los maíces nativos y pone en peligro su existencia. Unos días antes de este pronunciamiento, un juez federal revocó una orden que prohibía la liberación al ambiente del maíz transgénico. Aunque parecía un fallo favorable para Monsanto, el colectivo demandante apeló la resolución. “Esa situación en los siguientes meses se va a resolver”, confía el ejecutivo.
Monsanto ha encontrado trabas para su operación en México con otros productos además del maíz. En noviembre pasado la Suprema Corte Mexicana (SCJN) invalidó el permiso que el ejecutivo había otorgado a la la multinacional par producir soya transgénica en Yucatán y Campeche y se ordenó detener de inmediato la siembra en 253 mil 500 hectáreas.
Bravo explica que una vez que se concluyan los litigios y se avance en la reforma al campo se comenzarán a destrabar los 27 permisos detenidos por la Demanda Colectiva. El Plan Nacional de Desarrollo establece la importancia que el Gobierno Federal le ha otorgado a los transgénicos desde el inicio de su gestión. Una de las líneas de acción en el sector agropecuario es “orientar la investigación y desarrollo tecnológico hacia la generación de innovaciones que aplicadas al sector agroalimentario eleven la productividad y competitividad”. Este documento, agrega Bravo, define la línea “por donde se quiere mover el Gobierno”. Solo les queda esperar a que la reforma avance.
El País