El quinto autobús relacionado con el caso Ayotzinapa no tiene ningún rastro de transporte de drogas, establece la investigación ministerial sugerida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
De acuerdo con información obtenida por Excélsior con instancias ministeriales y organismos que coadyuvaron en la investigación encabezada por la Procuraduría General de la República (PGR), el camión 3278 de la empresa Estrella Roja no fue utilizado para transportar droga; los peritos de esta investigación verificaron la unidad en presencia de integrantes del GIEI.
El trabajo ministerial dejó en claro que las pesquisas desarrolladas por Estados Unidos ligan el transporte de droga, vía autobuses foráneos, con las empresas Vulcano y Monarca, con sede en Guanajuato y que no transportan pasajeros.
En su Informe Ayotzinapa, entregado el 6 de septiembre de 2015, el GIEI pide a la PGR investigar de manera exhaustiva todo lo relacionado con el llamado quinto autobús, a fin de descartar si fue utilizado por un grupo criminal para trasladar droga a Chicago.
El GIEI se basó en investigaciones del Departamento de Justicia de EU que establecen una conexión entre el cártel Guerreros Unidos con un grupo en Estados Unidos.
Se derrumba teoría del quinto autobús
Autoridades agotaron esta línea y concluyeron que esa unidad no transportaba droga ni iba a EU.
La Procuraduría General de la República (PGR), agotó ministerialmente la línea de investigación sobre el caso Iguala que habla sobre el quinto camión que habían tomado los normalistas de Ayotzinapa en la terminal de autobuses de dicho municipio guerrerense la noche del 26 de septiembre de 2014.
Fuentes federales revelaron a Grupo Imagen Multimedia que dicho camión perteneciente a la compañía Estrella Roja, con número 3278, fue inspeccionado minuciosamente con un escáner e incluso con binomios caninos, en presencia de miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin encontrar evidencia de que existiera un compartimiento para guardar y transportar droga.
Lo anterior deribó del planteamiento hecho por los mismos integrantes del GIEI, en su “Informe Ayotzinapa”, entregado el 6 de septiembre de 2015, donde se platea la teoría de que dicha unidad era utilizada por un grupo criminal para trasladar droga a Chicago, Estados Unidos.
El GIEI partió de informes que hablan sobre una conexión entre el cártel Guerreros Unidos en Iguala y un jefe del grupo en Chicago, de nombre Pablo Vega (lo cual consta en una declaración jurada de un agente de la DEA, según consta en el Departamento de Justicia). Estos utilizan autobuses de diversas empresas para trasegar heroína y cocaína.
Se supo que las líneas son de Monarca y Vulcano, aunque no se descartó que se utilizarán otras líneas de autotransporte; sin embargo, la PGR pudo corroborar que ambas líneas no tienen sucursal en Iguala, y que operan en Guanajuato y no transportan pasajeros, según revelaron las mismas fuentes.
En su informe, el GIEI, argumenta que el denominado quinto camión fue excluido de la investigación criminal y que fue el único autobús que no fue atacado como ocurrió con las otras unidades de las líneas Estrella de Oro y Costa Line.
“El negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque, su duración en el tiempo e incluso el ataque posterior contra Los Avispones, al existir un autobús, tomado por los estudiantes, que no había sido detenido”, señala el reporte.
De acuerdo con las declaraciones de los estudiantes que viajaban a bordo del Estrella Roja, el chofer se dirigió de Iguala a la carretera hacia Chilpancingo, ya que su destino final era Cuautla, que se detuvo unos diez minutos en el trayecto ya que ellos mismos se lo permitieron para que se reuniera con un familiar, y que finalmente fue interceptado en el mismo lugar donde ya estaba retenido el autobús Estrella de Oro 1531, cerca del Palacio de Justicia, en la salida de la ciudad, por una patrulla de la Policía Federal, claramente identificada con la insignia de su corporación.
Los 14 estudiantes que estaban a bordo, bajaron del camión y huyeron hacia el cerro y una colonia llamada Pajaritos, donde permanecieron escondidos toda la noche.
De acuerdo con las fuentes federales se pudo determinar, de acuerdo a la declaración del chofer de la unidad, que hubo una espera de algunos minutos e incluso un desvío en la ruta del autobús porque el chofer le pidió a los normalistas que le permitieran entregarle dinero a su hija para los gastos de su casa, ya que no sabía cuantos días estaría fuera, y a lo cual los estudiantes accedieron.
Incluso se pudo comprobar que el camión llegó a la ciudad de Cuautla en la madrugada.
“Los estudiantes tomaron cinco autobuses, y como se señaló, la propia existencia de uno de los autobuses Estrella Roja no fue presentada en la investigación. El testimonio del chofer de este autobús, es contradictorio con los testimonios de los normalistas y con la hoja de ruta del propio autobús, pero un manuscrito en el expediente confirma en cambio la versión de los normalistas”, consta en el informe del GIEI.
También se despejaron las dudas sobre si se trataba de la misma unidad, como lo manifestaron los integrantes del GIEI, confrontando la descripción hecha por el operador en su declaración con la unidad que además fue revisada minuciosamente.
“A falta de análisis más profundos, el autobús parece no corresponder con la unidad captada en video. Examinadas todas las hipótesis, la única circunstancia que explica las contradicciones entre los hechos sobre este autobús, y las distintas versiones en dos documentos es que dicho autobús es un elemento central del caso”, señala el informe del GIEI.
Suman 650 acciones de búsqueda en 400 lugares
Los padres de los normalistas se han negado a proporcionar datos de sus hijos para su identificación.
A pesar de que carece de las fichas técnicas, necesarias para identificar a las víctimas, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha dejado de buscar a los 43 normalistas desaparecidos, al grado de sumar 650 acciones de búsqueda en 400 lugares y es inminente el aumento de consignados, porque tiene abiertas todas las líneas de investigación recomendadas, entre ellas el autosecuestro, sugerido por la CNDH.
Tan sólo este sábado 2 de abril, la PGR respondió a una información proporcionada vía telefónica y realizó una acción de búsqueda en Zirándaro de los Chávez, cabecera municipal de Zirándaro y hace tres semanas realizó otra acción de búsqueda en Tianquizolco, localidad del municipio de Cuetzala del Progreso, donde se habilitó a un agente del Ministerio Público para descender con cuerdas a un resumidero de agua.
De acuerdo con una investigación realizada por Excélsior, con información ministerial, judicial y del propio expediente abierto del caso Ayotzinapa, si bien existen quejas de algunos de los 136 consignados de que sufrieron algunas lesiones, por parte de alguna de las autoridades que los detuvieron, no existe hasta el momento ninguna evidencia de tortura, pues está en proceso la aplicación del Protocolo de Estambul que la PGR ofreció a todos los detenidos y fue aceptado sólo por un grupo de los detenidos.
Con base en información difundida este fin de semana por diarios locales, este fin de semana la PGR realizó una acción más de búsqueda de los jóvenes desaparecidos; sin embargo, lo hace sin tener la información completa para identificar a los jóvenes, porque los padres de los 43 desaparecidos no han accedido hasta el momento a proporcionar la información que permita elaborar las finas técnicas de identificación.
La elaboración de las fichas es tan importante que incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la colocó en el número uno de las 26 recomendaciones que hizo por este caso, contenidas en el documento Estado de la Investigación del Caso Iguala (Observaciones y propuestas formuladas a diversas autoridades), que hizo público desde el 23 de julio del año pasado.
“Se considera que las acciones de búsqueda de los estudiantes desaparecidos que se pudiera llevar a cabo sin contar con sus fichas de identificación, disminuyen sensiblemente las posibilidades de éxito.
“La ficha de identificación es una herramienta básica en los procedimientos de búsqueda, pues, además de incluir los datos generales de la persona a localizar, comprende datos específicos como el tipo de sangre, el uso de algún aparato terapéutico, la referencia de intervenciones quirúrgicas, la ficha odontológica, señas particulares, tatuajes, cicatrices, la huella digital, entre otros”, dice la primera recomendación de la CNDH.
Recomendaciones
A sólo cuatro semanas de que concluya la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que es parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la PGR mantiene abiertas todas las líneas de investigación sugeridas por ellos en su primer informe y ha realizado las investigaciones a fondo que le planteó, como lo es el más reciente estudio de fuego que se dio a conocer el fin de semana y todo lo relacionado con el quinto camión.
Pero también ha seguido las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto a la búsqueda de los jóvenes.
La recomendación número dos de la CNDH establece que la PGR debe “continuar con las acciones de búsqueda que pudieran dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos.
“Además, a efecto de procurar certidumbre a los familiares de las víctimas, agotar todas las líneas de investigación sobre las versiones de la posible ubicación de los estudiantes: a) la que afirma que algunos estudiantes se encuentran en municipios de la Sierra del Estado de Guerrero, b) la que afirma que en Apango “ya apareció uno con vida” y c) otra que afirma que “están autosecuestrados”.
Investigan autosecuestro
Las recomendaciones de la CNDH respecto a la búsqueda de los jóvenes establecen que la PGR debe “continuar con las acciones de búsqueda que pudieran dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos”.
Se deben agotar todas las líneas de investigación sobre las versiones de la posible ubicación de los estudiantes: a) la que afirma que algunos estudiantes se encuentran en municipios de la Sierra del Estado de Guerrero, b) la que afirma que en Apango “ya apareció uno con vida” y c) otra que afirma que “están autosecuestrados”.
“ARGENTINOS NO TIENEN ACCESO A PERITAJES”
El Equipo Argentino de Antropología Forense ( EAAF) carece de facultades para conocer el contenido del peritaje realizado en el basurero de Cocula, pues éste forma parte de una averiguación previa, las cuales por ley son confidenciales, aseguraron fuentes federales.
Por esto, ninguna otra parte que no sea la Procuraduría General de la República o el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) puede poseer el estudio realizado dentro del caso Ayotzinapa, ya que su contenido tiene carácter de reservado al tratarse de una indagatoria que se encuentra en desarrollo.
Ni siquiera los padres de los 43 jóvenes normalistas, desaparecidos desde septiembre de 2014, pueden tener una copia de las indagatorias y sólo pueden ingresar a ellas, para su consulta, a través de sus abogados.
Lo anterior, luego de que el fin de semana el Equipo Argentino ofreció un posicionamiento sobre el peritaje en Cocula en el que aseguró que los resultados no son concluyentes y tampoco afirman o niegan la hipótesis presentada por la PGR sobre lo que sucedió a los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Guerrero.
Y es que el EAAF cuestionó al panel de expertos sobre dinámica del fuego respecto a las conclusiones que fueron anunciadas el viernes pasado y sostuvieron que no existe evidencia que ligue a los hechos desarrollados la noche del 26 al 27 de septiembre.
Los peritos argentinos afirmaron que no hay una respuesta concluyente por parte del panel de expertos del fuego sobre si fue o no posible la incineración de los 43 estudiantes y por tanto no afirma o niega la hipótesis de la PGR sobre la probable incineración de los jóvenes.
Las investigaciones realizadas por la Procuraduría, el propio GIEI y el Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego, arrojaron que, gracias a la localización de restos dentales, se concluyó que al menos 17 personas adultas fueron incineradas en el basurero de Cocula. También se aclaró que las indagatorias continuarán para profundizar más en el caso y obtener mayor detalle en los resultados.