Alejandro Martínez Lavalle, delegado de la Contraloría del Estado de Puebla en el sector educativo, es acusado por intentar obligar a los rectores de la 28 universidades de gobierno en la entidad a adquirir productos y servicios con sus proveedores, de lo contrario bloquea las decisiones de sus juntas de gobierno.
Varios rectores y funcionarios de primer nivel de las instituciones educativas, quienes pidieron la gracia del anonimato por temor a represalias, señalaron directamente al funcionario morenovallista por corrupto.
En la extorsión se encuentran afectadas las 28 instituciones: universidades tecnológicas, politécnicas, institutos tecnológicos y el CONALEP.
Según relataron los afectados, Martínez la Valle solicita a los funcionarios la compra de productos y servicios a una lista de proveedores con los que él está coludido.
A cambio de esta compra, Martínez obtiene un "moche" por el monto, que es entregado directamente por los proveedores.
Como método de presión, sí las juntas de gobierno o los proveedores se niegan a acceder, Alejandro Martínez bloquea la firma de las actas de las juntas, deteniendo decisiones administrativas.
Los afectados se dijeron hartos de ser sometidos a tales presiones, por lo que advirtieron que reúnen ya las pruebas necesarias para denunciarlo.