La Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) demandó a la Fiscalía General del Estado de Puebla responder sobre las intervenciones telefónicas que ha realizado el gobierno de Rafael Moreno Valle en toda su administración y con qué objetivo.
El recurso de revisión 171/FGE-03/2016 fue resuelto a favor por la comisionada Norma Estela Pimentel, quienes demandaron a la dependencia estatal responder cuántas personas fueron intervenidas y a través de que concesionarias o empresas se realizó este procedimiento.
En julio, una ciudadana poblana realizó 8 preguntas vía transparencia –con número de folio 00330616– en relación al espionaje telefónico realizado por la Fiscalía, destacando en su solicitud la “versión pública” de la autorización de la federación para que el gobierno del estado interviniera las comunicaciones privadas.
Sin embargo la Fiscalía General del Estado que preside Víctor Carrancá Bourget evadió todos los cuestionamientos con términos legales y otorgó respuestas ambiguas, únicamente enfocadas en el periodo 2015-2016.
En la solicitud nunca se resolvieron los fundamentos legales de la operación, el número de solicitudes de intervención ni de la cantidad de personas, líneas, cuentas o dispositivos intervenidos.
La resolución de Norma Estela Pimentel exige a la Fiscalía que se entreguen los documentos de los números telefónicos intervenidos y la geolocalización de dispositivos de comunicación móvil, según refiere el artículo 190, fracción II de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Esta ponencia determina que los agravios del recurrente resultan ser operantes, toda vez que la información que requiere el hoy recurrente es precisamente en ejercicio al derecho de acceso a la información, respecto de obligaciones de transparencia”, señala la sentencia.
Es preciso señalar que en campaña por la mini-gubernatura tanto el PRI como el PRD denunciaron al gobierno estatal por espionaje telefónico.
VER: PRI revela denuncia por espionaje telefónico a Blanca Alcalá