Desde hace unas semanas, en la Ciudad de México, el Centro Nacional de Comunicación Social A.C. realiza capacitaciones en materia de derechos humanos a los policías de la Secretaría de Seguridad Pública.
La medida es valiosa desde el punto de vista en que las manifestaciones y marchas en la Ciudad de México se multiplicaron hasta presentarse más de 9 mil en un año (2014), y en muchas de ellas había confrontaciones entre fuerzas policiacas, medios de comunicación y defensores de Derechos Humanos.
Entre los talleres me tocó asistir a una plática con los uniformados. Al escucharlos pudimos notar cuánto tenemos en común periodistas, defensores de derechos humanos y policías. Pero lo que más me preocupó fue cuánto los uniformados me recordaron a sus compañeros poblanos.
Ambos están en el olvido. Pisoteados en sus derechos.
Para recibir la capacitación, los policías provenían de turnos de casi dos días de guardia sin dormir. Aun así, la mayoría de ellos se encontraban en disposición de escuchar y compartir sus experiencias.
La discusión entre reporteros, defensores de derechos humanos y policías nos llevó a un punto básico:
¿Cómo es que exigimos capacitación de derechos humanos y queremos que los propios uniformados cumplan con los protocolos, cuando ni siquiera se les respeta en sus propios derechos laborales y garantías individuales?
Mención aparte mereció el caso de una policía, que incluso se desvaneció durante la plática porque, además de haber atendido a su turno de trabajo, días atrás, se sometió a quimioterapia debido a que pelea contra el cáncer en un seno.
Sí, van a girar los ojos cuando formule aquí la clásica pregunta:
¿Y los policías no tienen derechos humanos?
La frase fue muy manoseada para justificar la falta de capacitación entre los miembros de la Policía Estatal de Puebla en los tiempos del caso Chalchihuapan. También se utilizó como una estratagema del gobierno de Puebla, en cuanto a comunicación social, para solapar la muerte del niño José Luis Alberto Tlehuatlie a manos de uniformados, que dispararon a quemarropa cilindros de gas para disolver la manifestación de 9 de julio del 2014, en la autopista Puebla-Atlixco.
Pero, en verdad, es algo que tenemos que preguntar. ¿Cómo queremos que se combata a la delincuencia –que recientemente se desató de manera masiva en Puebla– si nuestros policías tienen un salario menor al promedio?
Cuando a los agentes de la Policía Estatal se les comenta que los uniformados en estados del norte del país ganan hasta 18 mil pesos al mes, les brillan los ojos.
Imaginan qué podrían hacer ellos con ese salario. Cómo beneficiaría inmediatamente a sus familias y les ayudaría a mejorar su calidad de vida.
¿Cómo exigimos que los policías no acepten moches cuando tienen cuotas de los mandos?
¿Cómo se les pide que mejoren en cuanto a temas educativos si apenas y les dan tiempo para estar con su familia, con los turnos extremos que se les imponen?
¿Cómo quieren que hagan gustosos su trabajo si además del pírrico sueldo, se les exige que tengan que poner de su bolsa para gasolina o incluso que ellos mismos paguen refacciones y composturas?
Recuerdo que cuando acabó el sexenio de Mario Marín Torres los uniformados se encontraban en condiciones deplorables. No tenían lo básico en cuanto a uniformes, y tuvieron una relación de odio con el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Mario Ayón.
Está por terminar el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas y el problema sigue ahí. Este sexenio la nota con los uniformados fue el constante despido de elementos. Las bajas dentro de los cuerpos coincidieron con la liga de mandos con el robo de hidrocarburo.
Los policías organizados integraron el Movimiento Nacional por la Seguridad y la Procuración de Justicia para promover reformas al artículo 123 constitucional. Por si no lo sabe, el 123 constitucional mantiene desprotegidos a los uniformados que no pasen los controles de confianza, que no solamente tienen que ver con asuntos de delincuencia organizada sino que, en muchas ocasiones, los dan de baja hasta por tener faltas de ortografía o padecer sobrepeso.
Debido a que las consideraciones extremas del apartado B de la fracción XIII del artículo 123 constitucional, se busca que se respeten el derecho al trabajo de los policías. Hasta donde recuerdo, el 29 de septiembre en San Lázaro se presentaría la propuesta para derogar dicho apartado del artículo 123.
¿Cómo pedimos lealtad infinita a quienes no les pagamos justamente?
¿Por qué los diputados federales no se bajan el sueldo y lo suben a nuestros policías?
¿Qué parte de la cadena de inseguridad es provocada por el olvido a quienes deberían de guardar el orden y la justicia?
El tema sigue congelado, y los derechos de nuestros policías siguen sin ser subsanados.
Acabará otro sexenio con los derechos de los uniformados aplastados.
A ellos, a los policías poblanos, también les dijeron “lo mejor está por venir”.
Y no pasó. Pasaron tres secretarios estatales con Rafael Moreno Valle.
Pero, para los uniformados, nada cambió.