El sábado 16 de febrero del 2013, Patricia Limón, una mujer de 29 años de edad, salió a las seis de la tarde de su casa en Huejotzingo, Puebla.
Jamás volvió. Solamente sabían que fue acompañada por “El Nico”, un amigo suyo.
Esa misma noche, su familia pidió a la Policía Municipal que la buscaran. Los elementos se negaron debido a que se debía esperar entre 24 y 72 horas para poder denunciarla formalmente como desaparecida.
No pasó mucho tiempo cuando el cuerpo de Patricia fue encontrado; el domingo 17 por la mañana apareció a unas cuadras de su casa. A Patricia la mataron dejándole caer una piedra en la cabeza y en el tórax.
Antes de morir fue ultrajada.
Nicolás Pérez Pantoja, “El Nico”, fue el último en ver a Patricia y fue acusado del feminicidio.
El caso de Patricia, además de cruento y dramático, es simbólico. Es el único que se tiene registrado con una sentencia en contra del presunto responsable. El único que ha tenido “justicia”.
“El Nico” es el único atacante que ha sido detenido, procesado y sentenciado en Puebla de los 224 asesinatos violentos contra mujeres.
Esta cifra ha sido planteada desde que se aprobó en Puebla el tipo penal de feminicidio, desde noviembre del 2012 y hasta la fecha, según el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), única organización de la sociedad civil que ha tomado entre sus manos hacer un seguimiento hemerográfico de los casos y su confrontación con el tipo penal.
Sin embargo, pareciera que los casos van a la alza con la tipificación del delito.
Según el seguimiento de Odesyr, en 2013 se registraron 50 casos. En 2014 al menos 60. El año pasado cerró en aproximadamente 50 casos. Pero, el 2016 comienza a preocupar.
Apenas inició octubre y ya la cifra asciende a 67 casos.
Claro, comparado con el Estado de México, Puebla no luciría alarmante.
Pero, para un estado que se presume como un polo de turismo en crecimiento y como nuevo destino de moda para los paseantes, la cifra debería de ser preocupante.
Puebla capital se ha vendido como la ciudad perfecta.
Con calidad de vida y oportunidades, con una alta presencia de universidades y casas de estudios.
No obstante, los últimos cinco casos –ocurridos, todos, en una sola semana– se dieron en la capital del estado.
Incluso el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Ortiz Esparza, conocido por su política de cero críticas hacia el gobierno de Rafael Moreno Valle, lanzó un reclamo, pues del total de los últimos feminicidios al menos 4 jóvenes asesinadas han sido estudiantes de la máxima casa de estudios poblana.
La crítica, pronunciada en su Tercer Informe de Labores, provocó que Rafael Moreno Valle girara los ojos durante el evento.
La violencia de género se vive todos los días. Pero en Puebla está alcanzando el extremo.
La situación del estado es un polvorín. La campaña presidencial de Moreno Valle lo despreocupó totalmente de una serie de problemas que se agravan.
La lucha que existe por el control de los ductos de hidrocarburo en la zona del Triángulo Rojo, la descarada tolerancia a la trata de personas en el corredor Puebla-Tlaxcala, el alza a delitos como secuestro, las constantes balaceras, enfrentamientos entre grupos delictivos. Y claro, la violencia de género.
Violencia que no está encontrando ni castigo ni justicia.
De los cinco casos de feminicidio ocurridos entre el 29 de septiembre y el 6 de octubre (Tania Verónica Luna, Karla Mireya García Paredes, Gizeh Castelán Castro, una mujer que se encuentra como desconocida y Areli Pacheco Narvarte) la Fiscalía General del Estado únicamente ha detenido a un presunto responsable.
Si el Nuevo Sistema de Justicia en verdad resulta efectivo, se tendrá una segunda sentencia a más tardar a inicios de enero del 2016.
Pero, si corren con suerte, el resto de los casos tendrán avances mínimos.
La impunidad que se mantiene en el Sistema de Justicia en Puebla proyecta un mensaje de tolerancia a aquellos hombres violentos.
Se les está diciendo que pueden seguir actuando según sus instintos machistas, y no tendrán castigo alguno.
Se mantiene esa idea de que la mujer seguirá siendo un objeto al que pueden usar y tirar o ultrajar, en caso de que no se someta a sus exigencias.
Por eso el caso de Patricia Limón, en 2013, es emblemático.
Es el único que no se mantiene impune.
El único de 244 casos.