Tras el fracaso de la denominada #LeyChedraui, el gobernador Rafael Moreno Valle encontró otra vía para apoderarse de los servicios públicos en los municipios aledaños a la zona Audi, pues este miércoles presentó ante el Congreso del estado una serie de convenios para que el gobierno concesione los servicios públicos de: Nopalucan, Mazapiltepec de Juárez, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa y Soltepec.

Esta reforma vulnera nuevamente los artículos 104 y 115 de la Constitución Política Local y Federal, que establecen la autonomía de los ayuntamientos. De aprobarse este convenio, los servicios públicos estos municipios quedarían en plena disposición del Gobierno del Estado durante los próximos 30 años.

La cláusula décima segunda del convenio enviado a los diputados locales señala: “Las partes” convienen que el presente Convenio tendrá una duración de treinta años, misma que empezará a transcurrir a partir de su firma y sea aprobado por el Congreso del Estado”.

De acuerdo con el documento presentado, el Cabildo de cada municipio autoriza coordinarse con el Ejecutivo estatal “para que éste se haga cargo de manera temporal del ejercicio de determinadas funciones que en materia de desarrollo urbano sustentable y ordenamiento territorial le corresponden”.

Por tal razón, el gobierno del estado será la única instancia competente en “emitir, en términos de las disposiciones aplicables, las autorizaciones, permisos y licencias relacionadas con esta materia, tales como licencias de uso de suelo, de construcción y demás relacionadas, conservando el municipio la facultad recaudatoria y la recepción de los ingresos que se generen por estos rubros”.

Asimismo, se obliga a los ayuntamientos a “abstenerse de emitir, durante la vigencia del presente instrumento, autorizaciones, permisos y licencias materia de este instrumento, así como presentar, revisar y aplicar conjuntamente con el Ejecutivo del estado el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable en congruencia con el Programa Regional de Ordenamiento Ecológico, el Programa Subregional de Desarrollo Urbano y demás programas establecidos.

Además, en la cláusula sexta se propone que las licencias de uso de suelo, de construcción y demás relacionadas que expida el municipio deberán incluir el dictamen sobre la viabilidad de las mismas emitido por la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, el cual será suscrito por el funcionario público competente; así como la opinión por escrito que realice la Secretaría de Desarrollo Social.

Sin embargo, a decir del convenio, las contribuciones y aprovechamientos que se causen por las funciones municipales, continuarán recaudándose por los ayuntamientos en términos de las disposiciones legales aplicables.

Cabe señalar que para la vigilancia y evaluación de estas estipulaciones se designa como responsable – en el caso del gobierno estatal- a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial y de la Secretaría de Desarrollo Social, en el ámbito de sus respectivas competencias, en su caso, el Organismo Público Descentralizado competente. Mientras que para los municipios, será el propio alcalde el que lleve la vigilancia y evaluación.  

El pasado 3 de junio el grupo parlamentario del PAN, encabezado por el morenovallista Jorge Aguilar Chedraui, presentó una iniciativa en la que proponía adicionar cuatro párrafos a la fracción II del artículo 104 de la Constitución local con el fin de entregarle el control total de estos al gobierno de Rafael Moreno Valle y abrir la puerta para su concesión.

Sin embargo, los legisladores decidieron mandarla a la congeladora, razón por la cual no se tiene una fecha específica de cuándo podría ser avalada.