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Jueves, 29 Noviembre 2012 06:23

Con la complicidad del PRI, el operador morenovallista Roberto Grajales llega al Tribunal Superior de Justicia

Ni el nuevo líder del PRI, Pablo Fernández del Campo ni su bancada impugnaron a Grajales Espina, por el contrario fue electo con 27 votos a favor en el Congreso de Puebla.
Por : Daniel Hernández Cruz / @Danherc

Entre señalamientos de corrupción, falta de preparación y pago de facturas esté día se nombraron a los tres nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia. El nombramiento más polémico fue el de Roberto Grajales Espina, operador del gobernador Rafael Moreno Valle al interior del PAN y ligado a los grupos de ultraderecha de ese partido y quien contó con el aval del PRI para llegar al Poder Judicial.

Es la primera vez en la historia del TSJ que un panista ocupa una magistratura como pago de facturas de Moreno Valle con Grajales Espina, quien fue de los primeros panistas que aceptó la filiación del ex priista y de los más aguerridos para lograr la candidatura del PAN a favor de Moreno Valle desde 2009.

A pesar de sus antecedentes como operador de Rafael Moreno Valle al interior del PAN, ni el nuevo líder del PRI, Pablo Fernández del Campo ni su bancada impugnaron a Grajales Espina, por el contrario fue electo con 27 votos a favor en el Congreso de Puebla.

La historia de Grajales Espina y Moreno Valle es añeja. En 2007, cuando Espina trató de derrumbar al Yunque junto al entonces senador Ángel Alonso Díaz Caneja, Grajales abrió su juego y apostó públicamente por Rafael Moreno Valle y tal acción, provocó que el ex diputado local fuera rezagado del Comité Directivo Estatal panista.

Amén de ser un morenovallista consumado y declarado públicamente desde hace años, Grajales Espina carece de carrera en materia de derecho y procuración de justicia, al grado que en un programa radiofónico prometió reformar a favor de los mexicanos, desde el Congreso de la Unión, la conocida Ley de Herodes.

Al respecto el nuevo magistrado se defendió diciendo que ese tipo de señalamientos lo insultan, pues tienen preparación como abogado y la ha ejercido desde los 23 años.

Sin embargo en su currículum no registra alguna actividad relacionada con la procuración o administración de Justicia. No ha laborado en el Poder Judicial en cargo alguno ni tiene experiencia en la procuración y administración de la justicia en Puebla o en algún otro estado de la República. Actualmente, aún se desempeña como delegado federal de Comunicaciones y Transportes.

Otro que alcanzó la magistratura fue Alberto Miranda Guerra quien era juez del juzgado Segundo Civil desde enero del 2011, luego de un mes de licencia tras la amenazas de un grupo delictivo del Distrito Federal a finales de 2010.

Adrián Cesar Vázquez Ávila su Secretario de Acuerdos fue secuestrado por este grupo, según algunas versiones fue confundido con Miranda Guerra.

El Secretario, según versiones extraoficiales, logró escapar de sus captores en el estado de Tamaulipas y regresó a Puebla.

Recientemente Vázquez Ávila denunció que fue abandonado por Miranda Guerra y los miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) pues no le permitieron regresar a su trabajo y en la Procuraduría General de Justicia no aparece la averiguación previa que se inició por su secuestro.

Vázquez Ávila asegura que David López Muñoz le ofreció su apoyo a cambio de que acusar a Miranda Guerra de actos de corrupción. En diciembre de 2010, mientras Miranda Guerra estaba de licencia por las amenazas, dos hermanos lo acusaron de mantenerlos en la cárcel durante tres años, pese a que no había pruebas suficientes en su contra.

Por medio de un amparo un juez federal revisó el caso de los hermanos Juan y Daniel Reynoso Fabián y ordenó su inmediata liberación. Desde 1994 entró al Poder Judicial como Secretario de Estudio y cuenta en el juzgado Mixto de Zacatlán, fue señalado como uno de los protegidos de Guillermo Pacheco Pulido, pues es su sobrino político.

Otro que fue nombrado magistrado fue Saúl Gutiérrez Villareal quien en su currículum señala actividades en la Secretaria de la función Pública de diversas instituciones, pero nada relacionado con la procuración o administración de justicia.

María de los Ángeles Camacho Machorro fue nombrada magistrada, era juez interina del juzgado primero civil, en su juzgado se firmó el convenio conciliatorio entre el gobierno del estado y el director de contraparte Informativa, Fabián Gómez.

Desde 1988 entró al Tribunal Superior de justica y pasando por los cargos de Secretaria de Estudio y Cuenta en dos salas del TSJ.