Puebla es uno de los seis estados del país que carece de una Ley de Participación Ciudadana, y uno de los tres donde el tema ni siquiera se encuentra en agenda del gobierno, por lo que sus habitantes no cuentan con mecanismos que les permitan incidir de manera directa en la toma de decisiones de la esfera de poder, de acuerdo con una revisión que realizó La Jornada de Oriente al marco jurídico de las 32 entidades federativas.
El tema ha sido relegado en Puebla, tanto por la administración estatal como por el Congreso local desde 2011, pese a que el mandatario Rafael Moreno Valle Rosas se comprometió en campaña a crear herramientas de participación ciudadana como la revocación de mandato y a fortalecer las existentes: el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular.
El Movimiento Nacional Los de Abajo reactivó la discusión del tema esta semana, tras la realización de dos megamarchas en el estado el 10 y 14 de agosto pasado, donde habitantes de diversos sectores y comunidades denunciaron la imposición de leyes, proyectos y programas de gobierno que les perjudican de manera directa, así como la cerrazón de las autoridades frente al descontento social.
En ese marco, los líderes del movimiento propusieron a agrupaciones sociales y políticas la firma de un pacto que permita destrabar las iniciativas que se encuentran pendientes de aprobar en materia de participación ciudadana, con el fin de cerrar el paso al autoritarismo y a la represión.
20 años de retraso democrático
De 1995 a la fecha 26 estados del país han creado marcos regulatorios para fortalecer la participación ciudadana con el uso del plebiscito, referéndum, revocación de mandato, iniciativa popular, audiencia pública y consulta vecinal, entre otros mecanismos. Casi 20 años después de promulgada la primera Ley de Participación Ciudadana en el Distrito Federal, Puebla continua sin tener una normativa en la materia.
El mismo problema enfrentan los estados de Campeche, Hidalgo, Veracruz, México y Nuevo León, situación que pudo corroborar este diario en la página de internet de los congresos locales respectivos, donde no se tiene registro de la legislación referida.
Sin embargo, los diputados de Nuevo León incluyeron el 5 de marzo pasado la creación de una Ley de Participación Ciudadana a la agenda temática que se discutirá en el segundo periodo de sesiones de este año, compromiso que también asumieron sus pares de Hidalgo el 27 de junio pasado.
En tanto, la presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de México, Annel Flores Gutiérrez, anunció en 2013 que prepara una Ley de Participación Ciudadana para ofrecer mayores herramientas de participación a todos los habitantes de ese estado.
Proceso tortuoso e incompleto
El plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular se encuentran incluidos en la Constitución de Puebla, en el artículo 20, donde los reconoce como prerrogativas de los ciudadanos, mientras en los artículos 68 y 85 se precisan las temáticas que podrán someterse a consideración de los habitantes.
El artículo 68 señala que se podrán organizarse referéndums derogatorios, totales o parciales, sobre las “leyes trascendentales para el orden público o interés social” que apruebe el Congreso local, con excepción de las reformas o adiciones a la constitución local, las de carácter contributivo o fiscal, las leyes orgánicas de los Poderes del Estado, así como las leyes locales que deriven de reformas a la Carta Magna del país.
En tanto, el artículo 85 precisa que no podrán someterse a plebiscito los actos o decisiones del gobernador relativos a materias de carácter tributario o fiscal, así como de egresos de la entidad, el régimen interno de los órganos de la administración pública del estado, actos cuya realización sea obligatoria en términos de las leyes aplicables.
En ambos casos el procedimiento será tomado en cuenta por el estado si en éste participan cuando menos 40 por ciento de los poblanos inscritos en el Registro Federal de Electores y el fallo obtiene el respaldo de 50 por ciento de los sufragantes.
El problema es que tanto el numeral 68 como el 85 determinan que el plebiscito y el referéndum son procesos que podrán organizarse “en términos de la ley aplicable”, la cual no existe.
Única iniciativa, en la congeladora
En el arranque de la administración estatal en curso Moreno Valle envió al Congreso una reforma a la Constitución local que tenía el objetivo de hacer más accesibles los mecanismos el referéndum y el plebiscito, disminuyendo el porcentaje de participación obligatoria de 40 a 30 por ciento.
La propuesta fue dictaminada a favor en mayo de 2011 por la mayoría de los diputados que integraron la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en la pasada legislatura, pero hasta la fecha no ha sido turnada al pleno para su votación, sin que hasta el momento los representantes populares hayan brindado una explicación del retraso.