Ciudad de Puebla.- Luego de un año de que el ex secretario de Obra Pública marinista, Javier García Ramírez, se fugara acusado de enriquecimiento ilícito, no existen rastros de su paradero ni mucho menos indicios de que la Policía Internacional (Interpol, por su siglas en inglés) lo esté buscando, como lo presume el gobierno morenovallista.
El ex funcionario tampoco es buscado por la Procuraduría General de la República (PGR), debido a que nunca existieron los suficientes elementos para iniciar la indagatoria de cómo logró obtener un patrimonio de 23 millones de pesos con un sueldo de 70 mil pesos mensuales. Era, “y es”, una investigación que corresponde realizar a las autoridades ministeriales de Puebla.
Hay muchas versiones de su paradero, algunos aseguran haberlo visto comiendo en algún restaurante en la colonia La Paz, cerca de donde habitaba antes de convertirse en un prófugo de la justicia, otros tanto aseguran que de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) salió “el pitazo” para que el marinista se fuera de la ciudad cuando se libró la orden de aprehensión.
En tanto, las autoridades intentan no exhibir sus omisiones y con el argumento de que no puede hablar sobre los avances de la investigación, sobre la persecución y localización, el procurador de Justicia, Víctor Carrancá, evade otorgar información al respecto.
Durante un año, el funcionario estatal se ha limitado a responder que García Ramírez, junto con otros marinistas que cometieron delitos contra la hacienda estatal, que otorgaron permisos para la circulación de mototaxis, y que vendieron pre liberaciones de presos, son buscados.
La última ocasión que se cuestionó a Carrancá sobre porque no aparecía en la página de Interpol la ficha roja de García Ramírez, argumentó que era porque se estaba actualizando la información del mexicano que era buscado por fraude.
Tras una búsqueda realizada por CENTRAL en la página de la Interpol, no se localizó al marinista en alguna de las fichas con delitos relacionados al que cometió García Ramírez en Puebla.
El 5 de enero del 2012 se giraron órdenes de aprensión en contra de los ex secretarios de Salud, Alfredo Arango García, y del de Obra Pública, Javier García Ramírez, sin embargo solo se detuvo al primero.
Una semana después el gobierno morenovallista reconoció la fuga del ex funcionario estatal y procedió a incautar parte de los bienes como la vivienda de calle Violetas del fraccionamiento Jardines de Zavaleta, en San Pedro Cholula, ubicado frente a las instalaciones de la delegación de la PGR Puebla.
