Un basurero a cielo abierto de tres kilómetros cuadrados concentra los desechos tóxicos de cuatro estados, fue colocado en la comunidad de San José Bella Vista de Victoria, en Palmar de Bravo, Puebla y se ha vuelto una pesadilla para los pobladores, pues se encuentra a 500 metros de viviendas y escuelas.
A pesar de que los vecinos de San José Bella Vista de Victoria, presentaron una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), el delegado Mario Barrera Bojórquez, únicamente ordenó una inspección ocular en vez de estudios toxicológicos para descartar riesgos para la población.
Sin embargo, según denunciaron a PÁGINA NEGRA, Arturo Mendoza González y Gerardo López, abogados de El Barzón y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales Capítulo Puebla, el basurero no cuenta con medidas básicas de protección a los colonos de la zona y tampoco con especificaciones técnicas obligadas por las normas oficiales mexicanas en materia de ecología.
La llegada de IECA
Hace dos años, la empresa Ingeniería Especializada en Combustible Alterno (IECA) llegó a la comunidad de Palmar de Bravo para instalar un incinerador industrial; esta maquinaria sirve para quemar y pulverizar toneladas de desechos industriales.
El proyecto fue aprobado por la administración de Pablo Morales Ugalde, el alcalde emanado de las filas del partido Pacto Social de Integración (PSI) y que se mantiene preso desde el 5 de junio del 2017 en Veracruz acusado por la Procuraduría General de la República por el delito de recursos de procedencia ilícita producto del trasiego de combustible.
El cabildo todavía con Pablo Morales Ugalde aprobó por 50 años la colocación de IECA en la población para el tratamiento de desechos, sin siquiera cambiar los usos de suelo. Desde hace menos de un año, IECA colocó en San José Bella Vista de Victoria el basurero a cielo abierto que concentra la basura proviene de Veracruz, Tlaxcala, Morelos y Puebla.
La instalación del basurero se realizó con negligencias como la carencia de una biomembrana que funcione para el bloqueo de líquidos tóxicos como el lixiviado producido por la basura. Este líquido puede filtrarse a los mantos freáticos y contaminar el agua con la que la población riega sus cultivos o bebe de sus manantiales.
Además, el tiradero industrial no cuenta con barreras físicas o bardas que eviten que el viento transporte las macropartículas que después sean respiradas por los vecinos de la zona.
En un recorrido realizado por los abogados de El Barzón y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales Capítulo Puebla, pudieron comprobar que existen tambos de diésel y aceite que han sido enterrados.
Profepa cierra los ojos
Después de que vecinos de Palmar de Bravo exigieron su intervención, Mario Barrera Bojórquez, delegado de Profepa, respondió el pasado 4 de abril que no había riesgo para la población.
La dependencia se deslinda de una investigación a profundidad con el documento PFPA/27.7/2C.28.1/00016-18, en el cual únicamente sustenta una inspección ocular.
No presentan ningún tipo de estudio toxicológico. Y con una inspección ocular no pueden determinar si existen elementos contaminantes. Las casas están a 400 metros y una escuela a 500 metros, no es posible, viola todas las normas oficiales en materia de cuidado a la ecología, comentó Arturo Mendoza, representante legal de El Barzón y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales Capítulo Puebla que ahora realiza el acompañamiento de los vecinos.
El equipo de abogados ya inició labores legales para llegar a instancias federales y solicitar un amparo o medidas que garanticen el cuidado del medio ambiente y la población ahora que Profepa se niega a realizar estudios serios para determinar los peligros a los que está expuesta la población de San José Bella Vista.