Delincuencia

Secuestradores exigen 15 millones de pesos para liberar al candidato independiente de Palmar de Bravo, Ángel Morales Ugalde

- Foto: Especial

El hermano de Pablo Morales Ugalde, el alcalde detenido por la PGR en 2017 por la compra de hidrocarburo robado, se encuentra secuestrado desde el jueves 17 de mayo

Por Edmundo Velázquez / @mundovelazquez

/ Palmar de Bravo, Puebla.

Al menos 15 millones de pesos exigieron los secuestradores del candidato independiente por la alcaldía de Palmar de Bravo, Ángel Morales Ugalde, hermano de Pablo Morales Ugalde, ex edil preso por sus nexos con huachicoleros.

VER: Desaparece candidato independiente hermano de exedil huachicolero de Palmar de Bravo; temen que haya sido levantado

El secuestró ya fue confirmado por el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano y versiones extraoficiales señalan que los captores se comunicaron con la familia de Ugalde para exigir dicha cantidad.

La mañana del jueves 17 de mayo, Ángel Morales fue reportado como desaparecido. Vecinos de la región comentaron dos versiones de lo ocurrido, una que fue visto por última vez después de dejar a sus hijos a la escuela.

La segunda que fue levantado cuando salió de su rancho, ubicado en la calle 9 Norte esquina con 12 Poniente, a las 8 de la mañana e iba bordo de su camioneta Volkswagen Amarok, doble cabina de color azul marino y con placas 386 YKJ del Distrito Federal.

Incluso, gente cercana al abanderado independiente revelaron que días antes fueron difundidos mensajes de Whatsapp donde también advirtieron que “irían por él”.

En enero pasado, el Instituto Electoral del Estado (IEE) aprobó la candidatura de Ángel Morales, esto luego de que recabó mil 925 apoyos ciudadanos de los 842 que necesitaba para obtener el registro como candidato independiente.

VER: Hermano de edil huachicolero logra las firmas para ser candidato independiente a edil de Palmar de Bravo

El 5 de junio del 2017, el entonces alcalde de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde fue detenido en Orizaba, Veracruz, por la Procuraduría General de la República por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita.

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