La defensa de los detenidos del Operativo Encrucijada busca que se reclasifique el delito de tentativa de homicidio por el de ataques peligrosos, esto con el objetivo de que sean liberados en un procedimiento abreviado pues dicha falta no es considerada grave ni obliga a mantenerlos en prisión preventiva.
Como PÁGINA NEGRA informó, la prueba de rodizonato de sodio realizada a 10 de los 87 poblanos asegurados durante el operativo —ocurrido el pasado 9 de marzo en Atzitzintla— y que además siguen en la carcel, confirmó que ninguno de ellos disparó contra de los elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla. El peritaje brinda elementos para que el juez de control reclasifique el delito de tentativa de homicidio por el de ataques peligrosos.
En entrevista, Vicente Godínez Cruz, el abogado de Optato y Querubín Moreno Domínguez, dos de los detenidos durante el Operativo Encrucijada señaló que a sus representados se les negó desde la Fiscalía su derecho a un procedimiento abreviado.
Según consta en el documento que data de septiembre del 2016, firmado por el agente del Ministerio Público Gerardo Reyes Meza, la Fiscalía consideró a los dos hermanos como “delincuentes de alto impacto” además de que liberarlos podría provocar una “percepción de impunidad”.
Sin embargo, con el avance del procedimiento penal, la defensa de ambos detenidos descubrió una serie de inconsistencias en la carpeta de investigación 296/2017.
Entre las irregularidades consta la integración de pruebas que fueron sembradas como chalecos antibalas nuevos que incluso aún tenían etiquetas de compra así como radios que supuestamente tenía la célula delictiva de “Los Bukanas” a la que ligan a los detenidos y que contienen las siglas MP —en alusión al Ministerio Público—.
También en la carpeta de investigación se detalla el decomiso de 38 vehículos de los cuales 30 ya fueron desvalijados y dañados en el corralón de la Fiscalía General del Estado en San Martín Texmelucan.
Como publicó PÁGINA NEGRA, no coinciden las armas presentadas como parte de las pruebas descritas en la carpeta de investigación. A todos estos indicios se llegó una vez que el juez de control Javier Fernández ordenó a la Fiscalía General del Estado entregarlos con la amenaza de multar incluso al mismo titular de la dependencia, Víctor Carrancá Bourget.
El operativo Encrucijada se realizó después de la muerte de tres agentes de la Fiscalía de Investigación en Delitos de Alto Impacto (FISDAI) que se encontraban investigando en la zona colindante de Puebla y Veracruz.
En la movilización originalmente fueron detenidas 87 personas, entre ellos el alcalde de Atzitzintla, Isaías Velázquez Reyes, a quien se le acusó de estar coludido con Los Zetas, en específico con la banda de “Los Bukanas” de Roberto de los Santos de Jesús, y entregar a los agentes ministeriales para que fueran ejecutados por los criminales.
Solo 42 detenidos se mantuvieron presos en el penal de Tepexi y a 22 de ellos se les logró integrar correctamente las carpetas de investigación de inicio, aunque actualmente solo restan diez de comprobar su participación en los hechos.
