Crimen y Castigo

Ingresan al penal de San Miguel mandos policiacos investigados por la ejecución de los seis uniformados en Amozoc

- Foto: Especial

Estos dos elementos fueron detenidos el pasado viernes 15 de junio y se les relaciona con la ejecución de seis policías municipales en la junta auxiliar de Chachapa

Por Magarely Hernández / @magarelyhl

/ Puebla, Puebla

El Inspector de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Javier Rojas A. y el elemento de la Policía Municipal, Alfredo C.F., fueron enviados al penal de San Miguel después de que un Juez de Control calificó de legal su detención e impuso prisión preventiva necesaria en su contra; a pesar de que solo se les imputaron los delitos de portación ilegal de arma de fuego, cohecho y espionaje contra instituciones de seguridad y procuración de justicia, también se iniciaron dos carpetas en su contra por los delitos de homicidio calificado y obstaculizar la procuración e impartición de justicia.

La Fiscalía General del Estado confirmó que días antes de la ejecución de los policías, elementos de dicha corporación denunciaron ante la Contraloría que el comandante Alfredo C.F. y el comisario Javier Rojas A., estaban coludidos con el robo de combustible en la zona, específicamente del gas LP.

Estos dos elementos fueron detenidos el pasado viernes 15 de junio y se les relaciona con la ejecución de seis policías municipales en la junta auxiliar de Chachapa perteneciente al municipio de Amozoc, ocurrida ese mismo día. De acuerdo a la exposición del agente del Ministerio Público, Javier y Alfredo fueron detenidos por agentes ministeriales a las 18:10 horas debido a que los escucharon alertar a terceras personas sobre su presencia.

Está grueso el pedo, ábranse pero a la voz de ya porque aquí en la zona hay un chingo de ministeriales y estatales y nos va a caer la voladora, dijeron por teléfono los imputados.

Al hacerles una revisión, Javier se acreditó como Inspector de la SSP y al reverso de su credencial tenía el permiso correspondiente para portar un arma de fuego que contaba con características diferentes a la que le fue asegurada en ese momento. Alfredo, se acreditó como Policía Municipal y también contaba con el permiso para portar el arma de fuego de cargo pero las autoridades supuestamente le encontraron una segunda arma y de esa no tenía el permiso correspondiente.

Al informarles sobre su detención, Javier ofreció 12 mil 600 pesos y Alfredo 550 pesos más  para evitar ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público:

Échanos la mano, somos compañeros, ahí va un clavo. Toma pareja y déjanos ir, dijo Javier.

No sean gachos, yo les pongo otros 550, terminó Alfredo.

Durante la audiencia, se indicó que al día siguiente de su detención; es decir, el 16 de junio, se iniciaron otras dos carpetas de investigación contra los imputados: la 1945/2018/Tepeaca por obstaculizar procuración e impartición de justicia y la 1941/2018/Tepeaca por el delito de homicidio calificado.

En lo que respecta al primer delito, la Fiscalía General del Estado, confirmó que días antes de la ejecución de los policías, elementos de dicha corporación denunciaron ante la Contraloría que el comandante Alfredo C.F y el comisario Javier R.A estaban coludidos con el robo de combustible en la zona, específicamente del gas LP.

VER: EN VIVO: Detienen a dos mandos de Amozoc por ejecución; los policías asesinados denunciaron anomalías de sus superiores

Lo anterior se debió a que cuando los uniformados realizaban un recorrido de vigilancia y descubrpian que pipas de gas estaban cargando gas de forma ilegal, los presuntos delincuentes les advertían que no hicieran nada y que se retiraran del lugar porque el comandante y el comisario ya sabían. En caso de que los policías llegaran a solicitar apoyo, este nunca llegaría.

De los seis policías ejecutados, dos de ellos denunciaron estos hechos días previos a su asesinato y está versión fue confirmada por las esposas de las víctimas. 

Aunque esta audiencia no fue para resolver su situación por las carpetas de investigación antes mencionadas, el agente del Ministerio Público, adelantó que buscarán culparlos por ambos delitos que además, están relacionados.

Policía Municipal declara y desmiente a FGE

Haciendo uso de su Derecho a declarar, Alfredo C.F., el comandante de la Policía Municipal, desmintió la versión expuesta por la Fiscalía y dijo que su detención no ocurrió minutos después de las 18:10 horas de ese 15 de junio, si no entre 21:30 y 22:00 horas. Narró que él se encontraba sobre Camino a San Miguel Espejo porque acudió a un llamado de auxilio que le pidió su compañera Alejandra M.A.; dijo que aunque al momento no le precisaron para qué hecho se necesitaba el apoyo, por lo que acudió acompañado de otros tres elementos y hasta que llegó al lugar se enteró sobre las agresiones a sus compañeros.

Incluso, dijo que sí realizó llamadas telefónicas pero a otros uniformados que le hablaron al enterarse de lo ocurrido y hasta le confirmó la muerte a a esposa de uno de los policías ejecutados.

Aclaró que los agentes ministeriales solo le pidieron que los acompañara a la Fiscalía General del Estado para declarar y le pidieron que hiciera entrega de su arma de cargo. Él, dijo que la entregó junto con 2 cargadores y 30 cartuchos útiles y aseguró que no llevaba otra arma y que no ofreció los 550 pesos,  pues sólo contaba con un billete de 50 pesos en efectivo.

Fue hasta que se encontraba en las instalaciones de la dependencia cuando le informaron que estaba detenido por el delito de portación ilegal de arma de fuego y no le hicieron mención de algún otro delito, haciendo referencia a los otros dos que le imputaron. Denunció que lo golpearon y lo querían obligar a declarar sobre la ejecución de los policías.

Por el contrario, Javier Rojas A.,  se reservó su derecho a declarar y a los dos se les impuso prisión preventiva oficiosa necesaria bajo los argumentos de que, en caso de quedar en libertad, la sociedad corría riesgo y podrían interferir en las investigaciones en su contra por los delitos.

Ambos pidieron ampliación del término constitucional para resolver su situación jurídica, por lo que será en los próximos días cuando se determine si son vinculados a proceso o no, solo por los delitos que les fueron imputados en esta audiencia.

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