Una por guapa, otra por su origen indígena, y otra por su sexualidad. El asunto es que se meten a la política y las fustigan, no por su capacidad ni su liderazgo. Esa es la violencia política de género y oficialmente hay reporte de 98 casos.
Estas situaciones se suman a la de la aspirante a la alcaldía de Caborca, Sonora, por Movimiento Ciudadano (MC), Patricia Azcargorta, quien es objeto de descrédito por su aspecto físico. Movimiento Ciudadano dijo que “es víctima de violencia política en razón de género al ser juzgada, no por su competencia, sino por sus atributos físicos, sin tomar en cuenta su capacidad para asumir el cargo”.
Es el primer caso que se evidencia públicamente en el año, pero las estadísticas dan cuenta de otros 98 casos de denuncias por violencia política contra mujeres y personas de la comunidad homosexual. Este tipo de violencia política se acentúa en Ciudad de México, Oaxaca y Tlaxcala, así lo indican las cifras de la Procuraduría General de la República (PGR).
En estos 98 casos de denuncias por violencia política de género en 24 estados de la República, hay 11 en los que se trata específicamente situaciones en las que se lesionan los derechos político-electorales de mujeres indígenas. En algunos casos las afectadas tienen que ser protegidas por la Policía Federal.
“Del global de los casos de violencia política de género, se ha otorgado la calidad de víctimas directas a 37 mujeres, en razón de la situación particular de riesgo en la que se encuentran, principalmente por el contexto político en el que se desarrollan los elementos de discriminación, amenazas e intimidación en contra de su situación como mujeres, solicitándose la protección por parte de la Policía Federal para el resguardo de su integridad física”.
PGR
La PGR explica que en estos casos “se han solicitado medidas de protección para 37 de las víctimas directas, se ha brindado acompañamiento por personal de la Policía Federal Ministerial y agentes del Ministerio Público de la Fepade en casos de extrema urgencia para prevenir la continuidad de la violencia política de género”.
El reporte oficial indica que hay seis casos en los que, debido a la gravedad del riesgo, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) ha acompañado a las denunciantes a sesiones de Cabildo.
En lo referente al seguimiento de estos 98 casos identificados por la PGR, se determinó en una la abstención de investigar; en cinco, el no ejercicio de la acción penal; ocho incompetencias (una de estas se sobreseyó); y las 84 restantes se encuentran en integración.
En el país se han dado casos de relevancia. En San Martín Perás, Oaxaca, la indígena mixteca Gabriela Maldonado fue golpeada con un látigo cuando quería ingresar al Cabildo. En dos municipios de Chiapas (Chenalhó y Oxchuc) se suscitó la renuncia de dos alcaldesas electas en 2015 y posteriormente se supo que habían recibido amenazas. Estos ejemplos se suman a varios casos y muchos otros que no están denunciados cuyo número es difícil de estimar.
El Protocolo para la Atención de la Violencia Política acordado para la jornada electoral de este 2018, define la violencia política como “todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo”.
