29 de Marzo del 2024

Gobierno

Congreso de Puebla “olvida” validar reforma constitucional para detener pase del “fiscal carnal” a nivel nacional

- Foto: Especial

A diferencia de esta legislación, el Poder Legislativo local aprobó sin cuestionamiento alguno las reformas polémicas enviadas por el presidente, Enrique Peña Nieto, como la Energética, Educativa y Laboral

Por Jesús Viñas / @jess15710 /

La reforma para detener el tan polémico pase directo del procurador General de la República a Fiscal General ya es constitucional tras la aprobación de 17 congresos locales del país. A los diputados de Puebla no les importó discutir la modificación en el Pleno a pesar de que hace ocho meses fue aprobada por los senadores y trasladada a los poderes legislativos estatales para su aprobación.

El 14 de diciembre del año pasado, la Cámara Alta aprobó esta modificación a la Constitución Mexicana debido a que organizaciones sociales presionaron para evitar que el presidente, Enrique Peña Nieto impusiera a Raúl Cervantes como el primer titular de la Fiscalía General de la República.

Desde entonces, en el Congreso de Puebla sesionó la Comisión Permanente y se tuvieron dos periodos ordinarios de sesiones. En ninguno de ellos, la Junta de Gobierno y Coordinación Política encabezada por el diputado del PRD, Carlos Martínez Amador, decidió incluir este tema.

De acuerdo con el diario Excélsior, la reforma para evitar el pase automático del actual procurador se declarará constitucional este miércoles 15 de agosto durante la sesión del Senado de la República.

Fue en diciembre del año pasado cuando en el Senado se aprobó la iniciativa que contempla que sea la Cámara Alta la instancia que designe al nuevo fiscal y no se quede el actual titular, Raúl Cervantes.

Tras la validación fue enviada a los Congresos estatales para su ratificación. Los 17 congresos que permitieron declarar la constitucionalidad de este tema son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Los que la pasaron por alto fueron los diputados de Puebla, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Zacatecas, Durango, Nuevo León, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Guanajuato.

Es preciso resaltar que cuando se da una reforma de carácter constitucional a nivel nacional, este tiene que ser aprobada por 51 por ciento de los poderes legislativos de los estados que conforman la República Mexicana.

Esta modificación se dio después del rechazo de las cámaras empresariales y organizaciones más importantes del país por el presunto blindaje que habría a favor de Peña Nieto y sus funcionarios que no han tenido un historial limpio y se han caracterizado por actos de corrupción.

Congreso de Puebla había aprobado sin queja reformas de Peña Nieto

Una vez que asumió el poder Enrique Peña Nieto, el Congreso de Puebla avaló sus más polémicas reformas como la Energética, Laboral y Educativa.

Los legisladores locales en ningún momento mostraron su oposición o rechazaron las reformas. Por ejemplo, los diputados poblanos avalaron sin contratiempo las reformas constitucionales en materia energética,

En Puebla respaldaron al “fiscal carnal” de Moreno Valle

El Congreso de Puebla aprobó en diciembre de 2015 la creación de la Fiscalía General del Estado y el nombramiento en automático del procurador, Víctor Carrancá, para que asumiera esta posición hasta 2022.

VER: El terror sexenal: Moreno Valle será dueño de la Procuraduría de Justicia hasta siete años después de su gobierno

En ese momento, los legisladores del PRI, Partido Verde, la perredista Socorro Quezada y el diputado por Movimiento Ciudadano, Julián Peña votaron en contra, bajo el argumento de que era una estrategia para blindar al entonces gobernador Rafael Moreno Valle.

Además, se colocaron una serie de candados para evitar que fuera removido por administraciones subsecuentes, o que sea muy difícil lograrlo:

Artículo 97, fracción IV: El Fiscal General del Estado podrá ser removido por el Ejecutivo por las causas graves que establezca la Ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso, dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General del Estado será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción”.

COMENTARIOS

Publicidad