La secretaria general del PAN, Martha Erika Alonso negó que la dirigencia del partido esté en contra del ex presidente de Puebla, Eduardo Rivera Pérez y le pidió que demuestre su inocencia en el proceso de inhabilitación que le fincó el Congreso Local por no solventar 411 millones de pesos de su cuenta pública 2013.
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Sostuvo que Eduardo Rivera no es el único ex presidente municipal emanado de Acción Nacional que enfrenta problemas en la fiscalización de su administración, y reconoció que es un tema que afectará al albiazul.
Cualquier presidente emanado de Acción Nacional que no haga bien su chamba es lógico que le afecta al partido”, sentenció la esposa del ex gobernador, Rafael Moreno Valle.
Insistió que el ex edil de la capital debe demostrar su inocencia de los cargos que se le imputaron.
Así como argumenta su inocencia, yo pediría que la demuestre. Nosotros no tenemos nada en contra de Lalo Rivera ni de nadie de su grupo. Él tendrá que aclarar ante las instancias pertinentes, pero por parte de esta dirigencia las puertas están abiertas a quien quiera participar con nosotros”, apuntó.
En abril el ex alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez fue inhabilitado de la función pública por 12 años y sancionado con una multa de 25 millones de pesos debido a que no pudo solventar irregularidades por 411 millones de pesos de su cuenta pública 2013.
Pagos irregulares a través del Organismo Operador del Servicio de Limpia y la pavimentación de concreto hidráulico con menor grosor al reportado en las licitaciones, son las principales irregularidades que la Comisión Inspectora del Congreso Local detectó en la cuenta pública 2013 del ex alcalde de Puebla. Estos errores representan observaciones por 303.5 millones de pesos, de un total de 411 millones ejercidos de manera irregular.
El pliego de observaciones que se le fincó el pasado 15 de diciembre al principal operador de Margarita Zavala en territorio poblano consta de 97 hojas, y de acuerdo a una revisión realizada por CENTRAL, son seis rubros los que concentran la mayor cantidad de anomalías detectadas en el proceso de fiscalización, los cuales suman un total de 386 millones de pesos.