A pesar de que 42 Ayuntamientos gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) validaron la reforma constitucional para privatizar el agua en todo el estado, la dirigencia estatal de este instituto político ya analiza con sus abogados la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
VER: Gracias a los alcaldes del PRI, se aprobó la reforma para privatizar el agua potable en Puebla
La secretaria general del PRI, Rocío García Olmedo detalló que tras la aprobación de la reforma al artículo 12 de la Constitución Local, se pidió a los alcaldes de su partido que analizarán con cuidado el tema para evitar recurrir a acciones jurídicas.
Por ello, señaló que los abogados del partido ya analizan la posibilidad de interponer la acción de inconstitucionalidad y reunirse con los ediles que permitieron la validación por parte de sus cabildos.
Tengo conocimiento que el presidente estatal, Jorge Estefan Chidiac platicó con los alcaldes priistas en torno a ese tema (…) se les pidió el análisis, que revisarán con mucho cuidado para evitar alguna complejidad mayor después.
La dirigencia del PRI va a atender ese tema, ya el presidente dio instrucciones a los abogados del partido para hacer las revisiones correspondientes (…) Evidentemente es preocupante que exista una reforma de esa naturaleza por eso estamos revisando.
CENTRAL publicó este día que 142 cabildos aprobaron este ordenamiento y permitieron que el Congreso emitiera la constitucionalidad de la reforma del agua, de los cuales 42 son emandos del PRI.
La reforma consiste en una modificación al artículo 12 que parece inofensiva, pues en sus primeras líneas plantea: “Establecer el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.
Sin embargo, al final del párrafo se establece: “El estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”. Es decir, se sientan las bases para que el gobierno del estado tome el control del servicio de agua potable en los ayuntamientos, sin que esta decisión tenga que pasar por los Cabildos.
Los únicos municipios que se opusieron fueron San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Libres, Tehuacán, Ocoyucan y Coronango, cuyos alcaldes consideraron que la medida violenta la autonomía municipal. Sin embargo, con el decreto, todos los ayuntamientos tendrán que atenerse a la nueva medida.
Esta es la lista completa de los ediles priistas que apoyaron la privatización del agua:
